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Atanga Mary Frinwie, madre de Mbang Atanga Azehfor y su acompañante Tchamani Joseph Magloire, ambos ciudadanos de Camerún, residiendo en Bélgica, vinieron a Nicaragua para hacer las averiguaciones sobre la muerte de su hijo. LA PRENSA/ÓSCAR NAVARRETE

Proceso contra cameruneses fue castigo por denunciar injusticia ante LA PRENSA

Organismos de derechos humanos coincidieron en que el proceso judicial contra Mary Atanga y Joseph Tchamani Magloire fue solo para “callarla”, por el reclamo público que hizo al Gobierno de Nicaragua, por la muerte de su hijo en manos del Ejército de Nicaragua

Organismos de derechos humanos coincidieron en que el proceso judicial contra la camerunes Mary Atanga y su acompañante Joseph Tchamani Magloire fue solo para “callarla”, por el reclamo público a través de LA PRENSA que hizo al Gobierno de Nicaragua, por la muerte de su hijo Mbang Atanga, en manos del Ejército de Nicaragua, pero no tenían caso ni pruebas.

Una muestra clara del proceso judicial irregular al que fueron sometidos, es la sentencia judicial contradictoria que emitió este viernes 13 de abril, el juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, donde condena a la pareja a dos años y seis meses de cárcel. Además, les concedió la suspensión de la pena y la expulsión del país.

El juez argumentó que “no son peligrosos… que no tienen antecedentes”, contrario a lo dicho por la Fiscalía y la Policía quienes los señalaron de “elementos peligrosos” que dirigían una estructura internacional para el tráfico ilegal de migrantes desde África hasta Estados Unidos.

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“Nos parece excelente que los expulsen del país y que se lleve el cuerpo de su hijo, pero la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo o al menos una disculpa del Gobierno por lo sucedido, no lo obtuvo, más bien fue ultrajada, enjuiciada y condenada mediante una sentencia absurda que se contradice con la acusación”, dijo Gonzálo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La sentencia es tan “absurda e inverosímil” coincidió Pablo Cueva, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que los presuntos cabecillas fueron condenados a menos años de cárcel que sus colaboradores en Nicaragua Kiver Martínez, Yasser García y Byron Jarquín, quienes fueron sentenciados a 23 años de cárcel, porque les condenaron también por crimen organizado y a sus supuestos jefes no les acusaron este delito.

“Celebramos que los manden a su país y que se lleve a su hijo, por lo que pagó un precio enorme, pero no podemos dejar de denunciar que fue un proceso ilegal desde el principio. El objetivo de procesarla era callarla y desacreditarla. La sentencia del juez nos da la razón. El objetivo de condenarla era lavarle la cara a la Policía y al Ejército”, dijo Cuevas.

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El defensor de derechos humanos agregó que es absurdo y contradictorio que a los miembros de la estructura internacional en Nicaragua los hayan condenado a más años que los cabecillas que tienen mayor responsabilidad, lo que una vez más demuestra que los cameruneses son no culpables de los hechos señalados porque simplemente no tienen nada que ver. “Fue una historia inventada por los operadores de justicia”, recalcó cueva.

Hermetismo

El proceso judicial contra los cameruneses Mary Atanga y su acompañante Joseph Tchamani Magloire inició el 20 de diciembre de 2017 en el Complejo Judicial Central de Managua bajo férrero resguardo, sin la presencia de medios de comunicación.

De igual manera se desarrollo la audiencia inicial y el juicio, el pasado 22 de marzo de 2018.

Al Cenidh no le fue permitida la entrada a pesar que los procesados habían buscado su ayuda.

04 de diciembre de 2017 entró al país la camerunés Mary Atanga y su acompañante Joseph Tchamani Magloire, por el aeropuerto internacional Agusto C. Sandino, con permisos autorizados a través de la embajada de Bélgica y Nicaragua.

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