El país vive hoy una crisis de institucionalidad y gobernabilidad, a raíz de los procesos electorales fraudulentos que desde el año 2008 se han venido realizando y que han contribuido al fortalecimiento de un gobierno irrespetuoso de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, que concentra el poder en pocas manos y se conduce de manera autoritaria.
El contexto político actual da cuenta de un régimen cuestionado en su legitimidad que controla por completo las instituciones del Estado, a tal grado que la separación de poderes, la autonomía municipal y descentralización perdieron vigencia en la gestión estatal.
Por eso, no es casualidad que la constante en la administración pública sea el servilismo, la corrupción y el desprecio por la ley, fenómenos que niegan a los nicaragüenses la posibilidad de construir y vivir en una nación próspera e igualitaria donde nadie tenga que emigrar a otros países para conseguir las oportunidades que aquí no encuentra.
Nicaragua no puede continuar en esta situación, hundiéndose en la ingobernabilidad y el atraso político, económico y social. Se necesita entonces encontrar una solución cívica a este preocupante horizonte para encausar al país por la senda de la democracia, el progreso y desarrollo verdadero.
En tales circunstancias, crear espacios de diálogo y participación ciudadana, donde los sectores de toda índole que representan a la población puedan hacer sus aportes a fin de lograr una salida concertada a los problemas nacionales que se tienen, es una tarea impostergable.
El diálogo ha sido siempre la herramienta por excelencia para resolver las discrepancias que han afectado a las naciones y nuestro terruño no ha sido la excepción. De hecho, fue a través del diálogo que se puso fin a la guerra civil de la década de los ochenta. Desde esta perspectiva, la búsqueda de un gran diálogo nacional ha de ser la prioridad para los principales actores políticos, económicos y sociales de Nicaragua.
Sin embargo, en este escenario, surge una interrogante ¿quién convoca al diálogo? Es obvio que a quien se le ha delegado la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, está llamado a abrir los causes del entendimiento en pro de la estabilidad y la paz social de la nación, pero ¿existe voluntad por parte del sector oficialista de sentarse a conversar? Desde la zona de confort en la que se encuentra el mandatario nicaragüense y su consorte, todo hace indicar que este no es un tema en la agenda de la pareja presidencial.
Ahora bien, en el supuesto que las circunstancias políticos-sociales obliguen a quienes detentan el poder a negociar ¿con quién va a dialogar el gobierno sino existe una auténtica oposición? Tampoco existe de momento, un liderazgo capaz de articular a los diferentes grupos disidentes en aras de construir una alternativa para hablar con el ejecutivo.
Lo que aquí corresponde entonces es, primeramente, el diálogo y la unidad entre aquellos que no están de acuerdo con la forma arbitraria en que se está ejerciendo el poder y una vez unificados, demandar el encuentro con la parte gobernante.
Esto implica por supuesto, abrazar la humildad, reconocer que de una u otra forma todos como ciudadanos, como líderes sociales, religiosos, gremiales y partidarios tenemos una cuota de responsabilidad con la crisis de institucionalidad que nos agobia y a partir de este reconocimiento, buscar la unidad sin ningún tipo de exclusión, para conformar una fuerza política sólida y creíble que, con base a un plan de nación respaldado por el pueblo, dialogue con el gobierno teniendo como punto de partida la realización de elecciones libres y transparentes que permitan recuperar la democracia y la institucionalidad del país.
El autor es Director Ejecutivo de Hagamos Democracia.
