Por el daño ocasionado a la población en su conjunto y a la gente más empobrecida del país, los delitos por corrupción son delitos de lesa patria que no deben de prescribir nunca, y así deberían ser tipificados.
Con el dinero y otros bienes que en los diferentes gobiernos desde 1979 a la fecha se han robado y que con eufemismo les llaman “piñatas”, miles de viviendas de interés social se pudieron haber construido. Con el dinero asaltado el número de pobres pudo haber disminuido mediante acciones y programas sociales efectivos contra la pobreza, varios hospitales bien equipados y escuelas se dejaron de construir y mucho dinero se pudo haber invertido por medio de préstamos blandos para los productores agropecuarios, acelerando de esta manera el desarrollo de nuestra economía en el campo, y haberse establecido agroindustrias con varios de los productos producidos, dándoles de esta manera un valor agregado a los mismos.
Este gobierno ha desarrollado la corrupción en grupos tipo mafia. La mayor parte de esta mafia eran “palmados” y hoy son verdaderos millonarios y ricos “empresarios” con el dinero ajeno, con cuentas en dólares en el país y en el extranjero, hoy amenazadas por la ley Magnitsky.
Parece que los que se dicen de izquierda son los más corruptos no solo en Nicaragua sino en otros países, se disfrazan de populistas y practican el secretismo, para que según ellos no se entere el pueblo de sus procedimientos mafiosos y no se conozcan las cantidades robadas.
Además de Nicaragua, que aparece en la lista de los gobierno más corruptos, vale la pena destacar los ejemplos en Latinoamérica de la corrupción de estos izquierdistas. Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Maduro con su pacotilla en Venezuela y Correa en el Ecuador. En varios países están siendo ejemplarmente enjuiciados y esperamos que también en Nicaragua algún día los veamos enfrentando juicios por sus actos delictivos.
Cuánta razón tiene monseñor Silvio Báez cuando dice que “la distinción no es ideológica, sino ética. La diferencia dice monseñor Báez está entre ser íntegro y corrupto”. También ha dicho monseñor Báez que “existen en Nicaragua dos grupos empresariales que se han puesto de acuerdo. Dos poderes económicos juntos, y uno de ellos con el poder político para decidir arbitrariamente sobre cualquier tema. Se están aprovechando del presente, hipotecando el futuro del país”, concluye monseñor.
La salud democrática de la nación se encuentra alarmantemente afectada por el régimen orteguista, y la lucha contra la pobreza preocupantemente estancada por la corrupción existente. Son tan mañosos esta clase de delincuentes que hasta la ilusión y la esperanza de una nueva y mejor Nicaragua para todos nos quieren robar.
Ortega, como decía de Hitler el científico Hans Frank en la Alemania Nazi, es la ley y la constitución, que con la ayuda sumisa y cómplice de funcionarios prebendarios controla todos los poderes del Estado, la Policía y el Ejército; que ya dejó de serlo para convertirse en una guardia pretoriana represora al mejor de los estilos somocistas.
Los Estados Unidos sancionaron por medio de la ley Magnitsky a Roberto Rivas por corrupto y violador de los derechos humanos. Es una sanción emblemática contra este gobierno, ya que Rivas representa no solamente la corrupción económica, sino ética y moral ante los fraudes electorales cometidos. Los funcionarios que defienden a Rivas se están defendiendo ellos mismos, y otros con el silencio cómplice están aceptando su culpabilidad. Enviar a Rivas a los tribunales sería enviar al gobierno mismo a los juzgados. Las pruebas están a la vista y no pueden ser ocultadas ante el robo torpe y descarado de este funcionario. Creyeron y siguen creyendo todos ellos, que no serían descubiertos y que se mantendrían en la impunidad disfrutando de todo lo robado.
Lamentablemente es un gobierno extranjero el que hace justicia y no los nicaragüenses. Es por esta razón que resulta urgente que tengamos instituciones, porque no son los hombres, sino las instituciones las que aseguran el funcionamiento de los derechos ciudadanos, la justicia, las libertades y las buenas costumbres en los Estados.
El autor es médico.
