La decisión del congresista republicano por la Florida, Francis Rooney, de retirar su respaldo a la Nica Act de la que fue uno de sus patrocinadores, debería tomarla Daniel Ortega como otra oportunidad para corregir sus errores y abusos que han motivado esa iniciativa de ley estadounidense.
Ortega no debería creer que la decisión de Rooney mejora su situación. No cambia nada que alguno de los patrocinadores de la Nica Act rompa su compromiso. Al fin y al cabo, el fuerte y costoso cabildeo del régimen orteguista en Washington tenía que producir algún resultado, pero este es absolutamente insuficiente.
También la empresa privada de Nicaragua ha hecho intensos esfuerzos e invertido mucho dinero en ese cabildeo, por el temor de que la Nica Act afectaría las inversiones estadounidenses, las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos (EE.UU.) y el clima de negocios interno.
Además, se conoce que tanto en el Congreso como en el Senado de los EE.UU., hay senadores y congresistas que consideran que no es necesario afectar la economía de Nicaragua, para castigar a Ortega y sus compinches por sus violaciones a los derechos humanos y atropellos a la democracia. Otros inclusive no le prestan interés a los asuntos de Nicaragua y ponen su atención en problemas internacionales de mayor envergadura, como los de Rusia, China e Irán.
Sin embargo, Ortega no debería creer que el cambio de bando del congresista Rooney significa que los demás promotores de la Nica Act van a retirarle su apoyo, o que los senadores no la aprobarán por eso.
La causa de la Nica Act no está en los EE.UU., sino en Nicaragua. La congresista Ileana Ros-Lehtinen lo ha reiterado en estos días, al criticar la deserción de su colega Rooney y señalar que el objetivo de la Nica Act es sancionar al régimen de Daniel Ortega, por sus abusos contra los derechos humanos, la corrupción, la violación del Estado de derecho y falta de reformas democráticas.
Los empresarios independientes que se oponen a la aprobación de la Nica Act aprecian el acuerdo del Gobierno con la OEA, como una ventana de oportunidad para hacer reformas electorales que alivien la tensión política interna y fortalezcan la institucionalidad. Piensan que esto es lo que podría disipar la amenaza de sanciones externas contra el Gobierno de Nicaragua.
Los empresarios tienen razón en esto. Ortega no tiene necesidad de gastar tanto dinero en cabildeos en Washington. Él tiene en sus propias manos la clave para que la Nica Act sea archivada y la Ley Magnitsky no sea aplicada a sus allegados.
Como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo único que tendría que hacer Ortega es reformar el sistema electoral y permitir que vuelvan a haber elecciones libres y competitivas en Nicaragua. Ese sería el comienzo del retorno al camino de la democracia, en cumplimiento de los Acuerdos de Esquipulas II y de conformidad con los parámetros de la Carta Democrática Interamericana.
