Daniel Ortega no debería estar perdiendo el tiempo. Ya tendría que estar impulsando las reformas políticas que necesita el país para retomar el camino de la democracia.
Está bien que haya optado por no enfrentar a los Estados Unidos (EE.UU.) por la sanción de la Ley Magnitsky al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. Pero solo eso y la destitución del hermano y la cuñada de Rivas de los cargos de Embajador y Cónsul General en Costa Rica, no es suficiente. La verdad es que ni siquiera se puede considerar eso como una respuesta.
Los amigos de Ortega que tienen buenas relaciones en Washington deben haberle informado que el ambiente allí para su régimen autoritario, no solo es desfavorable sino que está empeorando irremisiblemente. Y si no se lo dicen no son buenos amigos ni le están haciendo ningún favor. Más bien lo están perjudicando.
Ortega se equivoca de plano si cree que su régimen dictatorial está fuera del foco de atención del gobierno del presidente Donald Trump, porque en su discurso sobre el estado de la Unión solo mencionó a Cuba y Venezuela como regímenes enemigos de los EE.UU. Las dictaduras de estos dos países son las principales preocupaciones del primer mandatario estadounidense, pero sin duda que algunos otros vienen por añadidura.
Como hemos dicho en otras ocasiones, lo único que tendría que hacer Ortega es reconocer que su proyecto de perpetuarse en el poder mediante una dictadura familiar y dinástica, no tiene futuro. El caso de Cuba es irrepetible. Eso no se pudo reproducir en los años ochenta y menos que se pudiera repetir en la actualidad.
Con el ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999 y el aprovechamiento de los cuantiosos recursos económicos facilitados por el petróleo venezolano, el proyecto de las dictaduras populistas, bolivarianas o socialistas del siglo 21 tuvo un exitoso impulso en América Latina y el Caribe, tan fuerte que llegó a parecer incontenible. A eso ayudó la política hemisférica claudicante que practicó EE.UU. en los dos periodos de Barack Obama. Pero ahora la realidad es completamente diferente y Daniel Ortega debería entenderlo y acomodarse a las nuevas circunstancias.
Es obvio que Washington está observando a Ortega y si no reacciona positivamente, con reformas democráticas, extenderá la aplicación de la Ley Magnitsky a otros miembros vulnerables de la cúpula orteguista. Inclusive se podría aprobar finalmente la ominosa Ley Nica Act.
En manos de Ortega, y de nadie más, está la posibilidad de impedir que tal cosa ocurra. Lo único que tendría que hacer el caudillo sandinista es impulsar un proceso de reformas políticas y en primer lugar electorales, pero reformas verdaderas y creíbles, no simulaciones que a estas alturas del tiempo no engañan a nadie.
Ortega podría invitar a los sectores políticos y sociales a un diálogo nacional para consensuar la reforma. Pero si eso lo haría sentirse humillado, también podría impulsar la reforma de manera unilateral. Todo es que reconozca la realidad y que actúe como un político inteligente, no solo astuto. Y que termine dignamente su carrera política.
