El respeto a las libertades fundamentales en Nicaragua, derechos humanos y democracia, continúa en declive, revela el último estudio sobre Libertad en el Mundo 2018, realizado por el Organismo No Gubernamental, Freedom House, con sede en Washington.
El informe indica que Nicaragua en los dos últimos años reporta un descenso de diez puntos en cuanto a libertades se refiere y se mantuvo en la clasificación de país parcialmente libre. Entre los cuatro peores.
De acuerdo con el estudio, Nicaragua se ubica entre los cuatro peores países que poco o nada respetan las libertades. Cuba se ubica con 14 puntos; Venezuela 26; Haití 41 y Nicaragua con 44 puntos, con base en una medición de 100. Cuba y Venezuela se encuentran en la clasificación de países “no libres”.
Los datos comparativos indican que en el informe presentado en 2016, Nicaragua tuvo un puntaje de 54 puntos; en 2017, fue de 47; y en la última evaluación reporta un descenso a 44 puntos, que lo mantiene como una nación parcialmente libre.
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El informe de Freedom House es elaborado con base en 38 indicadores que analizan la independencia de los poderes del Estado, elecciones, libertad de prensa y la labor del sector privado.
Proyección de país “No Libre”
Con la tendencia de descenso que ha mantenido en los últimos años en relación con las libertades, Nicaragua podría alcanzar la categoría de país “No Libre”, en el próximo estudio, de acuerdo con los parámetros de estudio de Freedom House, explicó el director para América Latina, Carlos Ponce.
El informe estima que la represión en el país contra los activistas de la oposición podría incrementarse a través de acusaciones penales y que la neutralidad policial y militar continuará erosionándose.
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“Ortega consolidó su control sobre el Ejército y la Policía, mientras que las reformas penales aprobadas en junio 2017 plantean el espectro de una mayor represión política. Las protestas campesinas e indígenas continuaron sufriendo amenazas y violencia (en el 2017)”, indica el estudio.
Nica Act y Roberto Rivas
El informe de la ONG hace mención a la aprobación de la Nica Act en la Cámara de Representantes y la cataloga como una legislación punitiva para restringir el acceso de Nicaragua a créditos ante los organismos financieros internacionales e investigar a altos funcionarios del Gobierno involucrados en actos de corrupción.
Aunque no hace alusión a las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, a través de la Ley Magnitsky, el informe señala el apoyo que el Frente Sandinista mantiene hacia el funcionario, que ha torcido sistemáticamente las leyes electorales a favor de ese partido, y destaca que Rivas “ha estado más de una década en el cargo y se sabe que posee una gran fortuna personal de procedencia desconocida”.
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Rivas permanece en el cargo y el gobierno del designado presidente Daniel Ortega mantiene silencio en cuanto al tema y tampoco ha abierto investigación contra el presidente del poder electoral.
En lista de sancionados de la OFAC
Rivas ha pasado a formar parte de la llamada “lista negra” de la Oficina de Control de Activos a Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que congela sus cuentas y bienes, prohíbe el acceso a Estados Unidos, y lo ubica en la lista de corruptos a nivel mundial.
El informe también hace referencia a la labor de la misión de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a su juicio, no pudo evitar las denuncias generalizadas de manipulación de los comicios.
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“Después de haber ganado un tercer mandato consecutivo en noviembre de 2016, ayudado por la descalificación de opositores, el líder sandinista Daniel Ortega sigue erosionando la democracia de Nicaragua. Once años de gobierno sandinista han llevado a que todas las instituciones de gobierno estén bajo el control de Ortega, han reducido las libertades y ha fomentado la corrupción”, indica el estudio de Freedom House.
