El martes 2 de enero corriente dos jóvenes activistas del partido opositor de tendencia liberal, Ciudadanos por la Libertad (CxL), fueron víctimas de una agresión a balazos en el municipio de San José de Bocay, departamento de Jinotega, en el norte de Nicaragua.
Los jóvenes Carlos Fernando Hernández y Nixan Zambrano, quienes fueron heridos de bala por sus agresores hasta ahora desconocidos, se destacaron en la campaña electoral de noviembre pasado como activistas del candidato a alcalde de ese municipio por CxL, Erlis Torres, quien reclamó la victoria pero asegura que fue despojado por un fraude del partido oficialista. Torres inclusive viajó hasta los Estados Unidos para denunciar ante la OEA y otras instancias políticas, los fraudes electorales orteguistas.
Tanto los activistas heridos como el excandidato a alcalde de San José de Bocay, denunciaron públicamente la agresión como un atentado político. Se presume que la intención de los matones era asesinar a Erlis Torres, ya que la motocicleta en la cual se movilizaba una de las víctimas es propiedad del excandidato a alcalde y el joven balaceado llevaba puesto su casco de protección. Además, uno de los agredidos asegura que los matones dijeron que tenían una lista de personas para matarlas por encargo.
En relación con esta denuncia, la presidenta del partido CxL, señora Kitty Monterrey, dijo a los periodistas el lunes de esta semana que su organización no ha denunciado ante las autoridades la agresión contra sus militantes como un atentado político, porque no tienen certeza de que tal fuese el móvil del hecho criminal y no pueden acusar a la ligera.
Ciertamente, una acusación tan seria como esa no se puede hacer sin tener evidencias que la respalden. En un país donde hay mucha delincuencia común a pesar de que el régimen se jacta —incluso mostrando cifras estadísticas— de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, los asaltos a mano armada ocurren todos los días y tal pudo ser el caso de la agresión a balazos que sufrieron el 2 de enero los activistas municipales de CxL.
Pero, también, ¿por qué no?, el atentado contra los dos jóvenes opositores de San José de Bocay pudo tener un móvil político. En la historia reciente de Nicaragua abundan asesinatos políticos como los del ex-comandante militar de la resistencia armada antisandinista, Enrique Bermúdez y el líder empresarial y opositor Arges Sequeira Mangas, para mencionar solo dos de los casos más relevantes. Y si la Policía Nacional —que es tan eficiente en la investigación y esclarecimiento de crímenes comunes como lo ha demostrado tantas veces— no investiga ni esclarece la agresión armada que sufrieron los jóvenes activistas opositores de San José de Bocay, permanecerá y se aumentará la sospecha de que el caso fue en realidad un atentado político y no un hecho criminal común y corriente.
En las circunstancias actuales al que más le conviene aclarar este hecho criminal es al régimen orteguista y, por lo consiguiente, a su aparato de investigación policial. Pero como es bien sabido, los gobernantes autoritarios no siempre hacen lo que más les conviene y menos lo que corresponde para hacer justicia y no permitir la impunidad.
