Dos meses después de que el huracán María azotó a Puerto Rico, el 45 por ciento del territorio sigue sin luz. ¿Quién es el responsable? No es el mercado, ya que existe una agencia del gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica, que “regula” —interfiere coactivamente— el desarrollo social natural.
Pero los políticos no se dan por vencidos y, en lugar de dejar que el “egoísta” mercado se autorregule y abastezca rápida y plenamente, acicateado por el afán de lucro, piden más y dicen que la Administración Trump y el Congreso no están haciendo todo lo que podrían, ya que se han autorizado US$ 5.000 millones en concepto de préstamos cuando los daños, según el gobierno, superan los US$ 94.000 millones.
Aunque la cosa puede ser peor. Días atrás, en Sidi Bulaalam, un pueblo de 7.000 habitantes al sur de Rabat, en Marruecos, fallecieron 15 personas en una estampida durante un reparto benéfico de comida. Sucede que la cosecha está destrozada porque el país padece varias temporadas de sequía.
Y no faltan los políticos, periodistas y ONG que viven de subsidios y recursos estatales, que hacen alusión al cambio climático, o al boicot de Donald Trump a los acuerdos de París sobre el cambio climático, en lugar de usar el sentido común y no dejarse llevar por sus, ahora sí, sus egocéntricos intereses propios.
Ejemplos de cómo el mercado —acicateado por su “egoísta” afán de lucro— puede abastecerse sobran. Solo por nombrar uno, Chile tuvo históricamente un severo problema de escasez de agua, pero hoy se jacta de una oferta casi universal en las ciudades y de más de 80 por ciento en las zonas rurales, quizás las tasas de cobertura más altas en América Latina. Esto a partir de una Ley de 1981 que desreguló al punto de permitir los derechos de propiedad sobre el agua, de tal manera que los propietarios —las personas, el mercado— puedan comercializar el fluido.
El gobierno chileno puso las trece empresas de agua a la venta en 1998 y cinco se vendieron en tres años, sirviendo a más de 75 por ciento de los hogares, mejorando rápidamente la eficiencia y los servicios, mientras que las empresas estatales empeoraron. Las tarifas de las privadas aumentaron más que las de las estatales, pero todavía eran en promedio 40 por ciento más bajas. Y siguieron bajando basadas en un sistema de precios que, aunque lejos de ser completamente libre, al menos intentaba reflejar al mercado con un componente fijo y otra variable según distintas circunstancias.
Por cierto, las “regulaciones” del Estado pueden ir todavía más lejos. “Una prisión a cielo abierto”, titula Amnistía Internacional un informe sobre las restricciones que los rohingya —minoría musulmana que huye de a miles hacia Bangladés— padecen en el oeste de Myanmar. En plena apertura democrática tras seis décadas de Junta Militar, “la brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad… (es) otra manifestación extrema de esta actitud abominable”, indica el informe.
En el fondo de todo eso, subyace la errónea —históricamente primitiva— idea de que la violencia —cuyo monopolio ejerce el Estado— puede ordenar cuando hasta en los casos de defensa propia y urgente resulta contraproducente. La Segunda Guerra Mundial, por caso, instaló una tiranía peor que la nazi: la soviética que luego cayó sin guerras. Recientemente, un alto ejecutivo de Televisa —destacado grupo televisivo de origen mexicano— murió durante un intento de asalto, pero por una bala de su custodia.
El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California.
@alextagliavini
