El Tribunal Constitucional español anuló este miércoles la Declaración Unilateral de Independencia aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña el pasado 27 de octubre y que con anterioridad ya había suspendido cautelarmente.
El pleno del Constitucional decidió, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a dos de los integrantes de la Mesa, que es su órgano rector.
Se trata de las medidas que había solicitado el Gobierno español en su recurso, que jurídicamente se denomina incidente de ejecución. En ese recurso el Ejecutivo advertía de los “evidentes efectos jurídicos y vinculantes” de la declaración secesionista, que fue aprobada en una votación secreta por setenta votos a favor, dos abstenciones y diez votos en contra, mientras más de medio centenar de diputados abandonaba el hemiciclo en desacuerdo con la iniciativa.
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El Tribunal Constitucional tenía un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión y ha resuelto en menos de diez días. En el recurso, además, el Gobierno español reclamó al Constitucional que anulara urgentemente la declaración al considerar que podía “producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos“, en lo que considera el “atentado más grave contra el orden constitucional”.
Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico están convocados este jueves ante el Tribunal Supremo para prestar declaración por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros.
Elecciones
Por su parte el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este miércoles una participación “masiva” en las elecciones catalanas del 21 de diciembre para abrir una nueva etapa de tranquilidad y normalidad tanto en la región de Cataluña como en toda España, y que contribuya a la recuperación económica.
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En respuesta a varias preguntas de la oposición, el jefe del Ejecutivo dijo en el Congreso de los Diputados que “las cosas están funcionando bien” en Cataluña con las medidas tomadas por Gobierno. Al mismo tiempo, evitó entrar en “elucubraciones” sobre si estaría dispuesto a aplicar ese artículo de nuevo si los independentistas catalanes ganaran las elecciones y prosiguieran con los mismos planes soberanistas.
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A su vez, fuentes gubernamentales indicaron que las medidas vigentes tomadas según las previsiones constitucionales se desactivarán el mismo día en que tome posesión el nuevo gobierno de Cataluña, una vez celebradas las elecciones regionales y constituido el Parlamento catalán.