El Ministerio Público (MP) costarricense reabrió una causa penal contra el expresidente Óscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz 1987, por la autorización dada a una mina de oro de capital canadiense, informó este jueves la institución.
La decisión de reabrir la causa contra Arias (1986-1990 y 2006-2010), desestimada en 2014, fue tomada el lunes, cuando la nueva fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, le comunicó a Arias que deberá comparecer con su abogado para declarar sobre el caso, indicó el MP en un comunicado.
Arias respondió en su cuenta de Facebook que atenderá el llamado cuando concluya un viaje a Nueva York, donde este jueves tenía previsto dictar una conferencia en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey.
“Respetuoso de las autoridades judiciales, atenderé oportunamente la citación y colaboraré con la investigación, seguro de que al final del camino prevalecerá la verdad y se confirmará mi inocencia plena”, escribió el exmandatario.
Tras análisis
La fecha de la audiencia no será divulgada debido a que las leyes exigen privacidad en la fase de recolección de pruebas del proceso penal, explicó la Fiscalía.
“La reapertura del expediente obedece al análisis que había anunciado Navas desde su inicio de gestión, el 13 de octubre pasado, de algunos expedientes desestimados que han sido cuestionados por la opinión pública”, comunicó el MP.
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Navas asumió el cargo en sustitución de Jorge Chavarría, quien fue suspendido tres meses por la Corte Suprema de Justicia mientras se investiga su participación en presuntas irregularidades en la desestimación de un caso de tráfico de influencias que aparentemente involucra a diputados y un empresario importador de cemento.
Prevaricato
El caso de Arias se refiere al supuesto delito de prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la Ley o basadas en hechos falsos) en la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país, la cual nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro.
Estos decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold.
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El anterior fiscal no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fuera su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, quien también firmó los decretos.
Juicio
En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles por el delito de prevaricato, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó el pasado septiembre.
En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la Fiscalía debía determinar si se imputa a Óscar Arias.
Mineros artesanales
La zona de Las Crucitas, donde se iba a instalar la mina, fue invadida meses atrás por mineros artesanales —principalmente nicaragüenses—, que provocaron graves daños ambientales porque utilizan métodos peligrosos para el ambiente y la salud, como el uso del mercurio para extraer el oro de las rocas y lanzan los desechos a los ríos de la zona, por lo que fueron desalojados la semana pasada con un amplio operativo policial. En la zona estas personas han instalado campamentos improvisados con pobres condiciones de salubridad.
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Interés de la ciudadanía
Tras su llegada al cargo, la fiscal Navas anunció que realizaría un análisis jurídico que pretende establecer si los hechos de varios casos desestimados por su antecesor, que involucraban a funcionarios o exfuncionarios de los supremos poderes, merecían o no una investigación más profunda en caso de no estar prescritos.
“Por tratarse de asuntos de interés de la ciudadanía, la Fiscalía General comunicará de manera oportuna, después de que otros expedientes sean analizados, si serán o no reabiertos”, concluyó el comunicado oficial.
