El short y las chinelas de gancho quedaron en la audiencia pasada, esta vez Ruth Esther Ortíz Espinoza, quien fungía como cajera del Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (Rucfa) llegó vestida formalmente como los viejos tiempos cuando era cajera. Ella está siendo procesada por peculado, es decir sustraer ilícitamente dinero del Estado.
Otra novedad durante la audiencia inicial es que la acusada estuvo acompañada por dos hermanas y tuvo defensa privada. La suerte no la acompañó, pues fue remitida a juicio para el 28 de noviembre próximo, porque la Fiscalía presentó suficentes elementos de prueba que la hacen presuntamente responsable de sustraer más de un millón de córdobas de esa alma mater, según dijo el juez Julio César Arias, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Entre los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público están un informe de auditoria y un estado financiero realizado por un contador público autorizado, en los que se revela que existe un faltante de más de un millón de córdobas en las cuentas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua) por dinero no depositado de parte de la procesada, entre los años 2011, 2012 y 2013.
“Estaba amenazada de muerte”
Según la auditoría realizada en los años 2012 y 2013 se detectaron faltantes y retraso en los depositos de los ingresos del Rucfa a cuentas de la Unan de parte de la procesada y “a pesar que le solicitaban entregara las minutas de depósito no las entregaba y argumentaba que cualquier faltante se le cargara a ella, que no tenía problemas al respecto, puesto que ella vería como solucionarlo”, dijo el representante del Ministerio Público.
Otra prueba propuesta es la testifical del administrador del recinto, quien supuestamente la convocó a reunión donde le pidió explicaciones del faltante en caja sin justificar y “la procesada acepta que hay faltante, pero obedecía a que ella y su familia eran víctimas de amenazas de muerte de parte de un hombre, hasta hoy desconocido, y le tenía que dar grandes cantidades de dinero”, dice el escrito de intercambio de pruebas.
Otras pruebas documentales ofrecidas son contrato de trabajo, ficha ocupacional, entre otras. El perjuicio económico causado al Estado es de 1,201,170.84 córdobas.
El judicial mantuvo la prisión preventiva a pesar que su defensa pidió la presentación periódica y la retención migratoria, por tratarse de un delito patrimonial y no poseer antecedentes penales.
