El trabajo por los Derechos Humanos (DD. HH.) hoy en día en Nicaragua me recuerda la fábula de la rana y el agua hirviendo. Si metemos a una rana a una olla con agua hirviendo, esta saltará inmediatamente, en cambio si la metemos a una olla con agua fría y empezamos a calentar poco a poco el agua, la rana se adapta, su percepción del riesgo no es la misma y eventualmente muere por la alta temperatura del agua. En la última década, el régimen de Daniel Ortega cambió las reglas del juego a las organizaciones de sociedad civil, emergiendo la necesidad de adaptarse o simplemente desaparecer.
El régimen parte del cierre de cualquier espacio de participación o incidencia, desde su visión corporativista, solo puede participar en esos espacios quien secunde los intereses del propio régimen.
Esta situación tiene dos problemas, el primero es que no hay una participación o incidencia real causando una ruptura en el diálogo democrático, y por otro lado, imposibilita el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Si una organización trabaja por el acceso a la justicia de las mujeres y las autoridades no interactúan con esta organización, ciertamente anula su labor, porque al final lo importante no es hacer una conferencia de prensa denunciando el hecho, sino que se restituya el acceso a la justicia de la víctima.
Por otra parte, en lo que respecta al financiamiento de las organizaciones de sociedad civil, históricamente ha dependido de las agencias de cooperación internacional, quienes en principio han reorientado sus prioridades y han salido de Nicaragua. Por otro lado, las agencias de cooperación han sido presionadas por el Gobierno para retirar apoyo a algunas organizaciones, como lo denunció en su momento Zoilamérica Narváez respecto de la cooperación noruega.
En mi opinión, la estrategia de las organizaciones de sociedad civil debe cambiar ante la imposibilidad del acompañamiento a las víctimas en su demanda de restitución de derechos. Para el cambio en problemas estructurales, las organizaciones de sociedad civil en la región apuntalan al litigio estratégico, es decir patrocinar selectivamente procesos judiciales donde no existe perspectiva de protección a los Derechos Humanos, esto permite a su vez preparar el camino para la demanda de justicia ante instancias internacionales. Otra alternativa es la investigación aplicada en Derechos Humanos, si bien es cierto no hay acceso a la información, también lo es el hecho que los informes no pueden seguir siendo situacionales, recabar testimonios o sistematizar información de lo que ocurre en el país, lo anterior es importante, pero es necesario un análisis con mayor rigor técnico que además promueva el Derecho Internacional de los DD. HH. Promover los Derechos Humanos en la academia y en otros actores sociales dinamiza el debate sobre los mismos en sectores estratégicos.
En cuanto al financiamiento, las organizaciones de sociedad civil no deben de depender de las agendas temáticas de las agencias de cooperación, deben transitar al financiamiento interno. Una reforma fiscal que permita deducir de impuestos donaciones a organizaciones de sociedad civil como ocurre en muchísimos países, es muy útil para dinamizar el debate democrático en un país.
Esta última propuesta puede parecer ilusa o ingenua considerando el contexto, pero puede ser beneficiosa para el régimen, porque quita presión a la demanda de su salida del gobierno y mejora sus mediocres resultados.
Una medida de esta naturaleza puede recuperar gradualmente el diálogo democrático y el régimen debe entender que deben crearse condiciones para el diálogo democrático, asimismo debe permitir una alternancia, si no se hace esto, sucederá violentamente, no sin antes sumir al país en una crisis. Después de todo, si hay que caer, es bueno tener la opción de cómo y dónde caer.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
