El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) espera que la propuesta de reforma a la Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, esté lista este mes y sea enviada a la Asamblea Nacional, con lo que pretenden resolver los problemas que afrontan los dueños de tierras en las zonas limítrofes, quienes resienten que sus propiedades no sean tomadas en cuenta como garantía para acceder a un préstamo.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que solo está pendiente que el proyecto sea discutido con el sector financiero para luego este sea enviado a la Asamblea Nacional, cuando los diputados regresen de sus vacaciones.
“Tenemos problemas de titulación y registro de titulación que ha provocado problemas tanto en los productores como empresarios, tanto en la frontera norte como en la frontera sur”, señaló Aguerri.
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En la frontera norte el setenta por ciento de las tierras son utilizadas para la producción de café y el resto para otros productos agrícolas. En el caso de la frontera sur está destinado al desarrollo del turismo, según han dicho diversos sectores vinculados con este tema.
Además de facilitar el acceso al crédito también pretenden ordenar el sistema de titulación y registro de propiedad. “Es un compromiso en marcha, es un esfuerzo que le empieza a dar respuesta a un tema de seguridad jurídica a la propiedad privada”, apuntó Aguerri durante la conferencia de el miércoles.
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De lograr esa reforma, que ha sido trabajada en coordinación con la Procuraduría General de la República, el sector privado espera que el proceso de autorización de crédito de los bancos y las microfinancieras sea más ágil que las del tiempo actual para productores y empresarios de las zonas fronterizas.
Productores amenazados
A lo largo de los 214.2 kilómetros lineales de frontera con Honduras, centenares de productores dueños de propiedades de Nueva Segovia han demandado una correcta interpretación de la Ley.
En julio se informó que muchos productores que tienen líneas de crédito en la banca nacional con fecha de vencimiento este año han recibido notificación de las instituciones financieras informándoles que para un nuevo crédito están obligados a cambiar las garantías, cuando estas están relacionadas con la propiedad dentro del área de protección fronteriza.
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La Ley define como Territorio Fronterizo las áreas del país, comprendidas entre el límite convencional y los 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional, “donde interfieren e interactúan intensamente fenómenos y procesos transfronterizos vinculados a la producción y reproducción”.
En el ámbito de aplicación la Ley indica que “no podrá modificar los derechos legales de propiedad y posesión que, en el territorio fronterizo, tengan las personas, sino brindarles seguridad jurídica y, a la vez, promover el desarrollo humano sostenible del territorio fronterizo y el aprovechamiento de su invaluable potencial turístico.
En julio Eddy Gutiérrez, presidente de la Cooperativa CCAJ de Jalapa, dijo a LA PRENSA que la Ley de Fronteras tiene paralizado el mercado de tierras y la canalización de recursos debido a que el Registro de la Propiedad no está inscribiéndole hipotecas a la mayoría de las microfinancieras.
Franja Fronteriza
Los productores dueños de propiedades en la franja fronteriza norte de los municipios segovianos de Santa María, Macuelizo, Dipilto, Mozonte, San Fernando, Jalapa, Murra, Quilalí y Wiwilí son los más interesados en que se apruebe la reforma a la Ley de Fronteras.
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Los diferentes sectores productivos han enviado cartas al poder ejecutivo, poder judicial y Procuraduría General de la República solicitando una reforma a dicha ley.
La Ley fue aprobada en 2010, desde entonces los dueños de propiedad en esa zona han pedido que se reforme, porque se ven limitados al crédito a la venta de las mismas tierras.