Se sostiene —con razón— que el régimen cambiario de deslizamiento que ha prevalecido por más de dos décadas y que actualmente implica una devaluación nominal del córdoba respecto al dólar, del cinco por ciento anual, está agotado. El problema está en encontrar una alternativa que presente menos desventajas.
Con el deslizamiento, hay ganadores y perdedores. Casi todas las empresas ajustan sus precios a la devaluación. El que no lo hace, pierde, lo que ocurre a microempresarios sin ningún poder en el mercado. Naturalmente, que los asalariados y las personas con ingresos fijos en córdobas, son perdedores. Los bancos, por un lado, son ganadores, porque compran dólares a un precio menor y lo venden a un precio mayor. Por otro lado, asumen un riesgo al dar créditos en dólares a clientes que no tienen ingresos en esa moneda. El FMI ya ha advertido sobre ese riesgo cambiario y también ha sugerido, la conveniencia de pasar a un régimen cambiario más flexible, donde el valor del dólar dependa de la oferta y la demanda de divisas, a como ocurre en muchos países. Transitoriamente —se ha sugerido— se podría usar una banda de flotación, es decir establecer un techo máximo y un piso mínimo del tipo de cambio con respecto al dólar. El Banco Central intervendría para que el tipo de cambio no se salga de esos límites.
Se habla también de que el córdoba está sobrevalorado —lo cual es cierto—, es decir que el dólar está muy barato, lo que perjudica a los exportadores y beneficia a los importadores, que compran dólares baratos.
También ganan los consumidores de bienes importados. Se sugiere que es necesario devaluar el córdoba para hacer más rentable las exportaciones.
Sin embargo, una cosa es una devaluación nominal —como la del cinco por ciento anual, del deslizamiento actual— y otra una devaluación real, que requeriría que la tasa de inflación fuese menor del cinco por ciento de devaluación nominal. Ello es casi imposible, porque muchos precios se ajustan con la devaluación anual del cinco por ciento. Una devaluación real en las condiciones actuales, solo sería posible a través de una fuerte devaluación nominal y de una significativa caída en los salarios reales. Esa devaluación real sería transitoria. Más temprano que tarde los precios de los bienes se ajustarían a la devaluación y habría que ajustar los salarios nominales.
Devaluar el córdoba y pasar a un sistema cambiario flexible requeriría una cordobización o desdolarización, es decir, intentar reducir el papel actual del dólar. Ello sería contraproducente en las actuales condiciones. De hecho, es menos difícil —y tendría menos desventajas— pasar a una dolarización oficial (como Panamá, Ecuador o El Salvador). Una dolarización oficial eliminaría el riesgo de devaluaciones de la moneda nacional (que ya no existiría) y tendería a reducir la inflación. Como desventaja se señala que ya no habría flexibilidad de usar devaluaciones para lograr competitividad externa. La experiencia de Grecia con el euro ha hecho menos popular, el renunciar a las monedas nacionales. Se sostiene además, que no se podrían imprimir más córdobas cuando exista una recesión económica. No habría posibilidad de una política monetaria anticíclica.
Los anteriores argumentos contra una dolarización oficial tienen validez en países grandes como México, Brasil o Argentina, pero no en una pequeña economía con un gran peso de las importaciones, como la de Nicaragua. La verdad es que no existe autonomía en la política monetaria. Si se imprimen muchos córdobas, ello, o aumenta las importaciones y el déficit comercial o la tasa de inflación. La dolarización oficial tendría menos desventajas, pero tampoco es una panacea —ninguna política económica lo es— para problemas estructurales de fondo.
Ciertamente que Nicaragua tiene un grave déficit comercial —que se inició en la década del ochenta, y persiste hasta la fecha—. Corregirlo a través de políticas cambiarias y monetarias —inclusive con una dolarización— es una ilusión. Se requiere de un cambio estructural en la matriz exportadora (que es la misma desde hace casi un siglo). Ello requiere de un conjunto de políticas activas (como crédito dirigido, transferencia tecnológica y fuerte inversión en infraestructura exportadora), algunas de las cuales son difíciles de implementar de manera transparente y no partidarizada, en el contexto institucional actual. No obstante su complejidad, el debate público de estos temas, es necesario y saludable.
El autor es doctor en economía.
