La iniciativa de ley conocida como “Nica Act”, cuyo camino se vio frenado el año pasado con el cierre legislativo de 2016 en Estados Unidos, fue presentada este miércoles nuevamente en una versión más fuerte, con el respaldo de 25 congresistas, 15 de ellos republicanos y diez demócratas, que presionan al gobierno de Daniel Ortega con el fin de que haga cambios para restablecer la democracia en el país.
La iniciativa tiene como autores a los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, y el objetivo es que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del Gobierno de Nicaragua ante los organismos multilaterales, lo que causaría estragos económicos.
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Según reporte publicado por LA PRENSA, en septiembre del año pasado, cuando se aprobó en la Cámara de Representantes la primera versión de la propuesta, el informe oficial de cooperación externa de Nicaragua indicaba que 50 de cada 100 dólares, obtenidos por el Gobierno de Nicaragua en financiamiento externo para proyectos de infraestructura y productivos, provinieron de los organismos de financiamiento multilateral, en los cuales Estados Unidos ejerce influencia .
La primera versión de la “Nica Act” fue aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre del 2016, y presentada ante el Senado pero no logró ser discutida antes de concluir el período legislativo 2016.
Versión más fuerte
La nueva versión es más amplia, establece más condiciones que debe cumplir el Gobierno de Nicaragua para obtener el voto de Estados Unidos en la aprobación de créditos. Una de esas condicionantes es que Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición. La anterior versión solo incluía a organismos de la sociedad civil y partidos políticos.
Aquí puede leer (en inglés) la iniciativa de ley introducida por los congresistas.
La iniciativa de ley persigue que todos los préstamos en beneficio del gobierno del designado presidente Daniel Ortega, ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por EE. UU., “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, algo que contemplaba la anterior ley.
También plantea una excepción, cuando se trata de ayuda para el pueblo de Nicaragua, a las organizaciones de la sociedad civil, en los programas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.
“El Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) deberían dar prioridad a la asistencia del pueblo de Nicaragua para ayudar a la sociedad civil en los programas de democracia y gobernabilidad, incluidos los derechos humanos”, establece el proyecto de ley, en su sección número seis.
OEA preocupada
La iniciativa fue registrada bajo el nombre “Nica Act HR .1918”, el cual motivó una reacción de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la cual el Ejecutivo de Ortega mantiene un diálogo desde octubre pasado, a través del cual se comprometieron a trabajar para mejorar el sistema electoral y a participar como observadores en las votaciones municipales de noviembre próximo.
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“La Secretaría General de la OEA considera que el citado proyecto de ley, en el contexto de la presente legislatura, no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana”, expresa en un comunicado.
Invita además a los legisladores patrocinantes a reconsiderar los aspectos necesarios que “permitan al Gobierno y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”.
Murillo: Injerencismo
El Ejecutivo de Ortega calificó de “injerencista” el proyecto y dijo que obedecía a una posición extrema.
“La ‘Nica Act 2017’ es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales”, dijo la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo.
Detalles de iniciativa
La ley también ordena la elaboración de un informe sobre corrupción en Nicaragua, una función que estará destinada al secretario de Estado, y que deberá presentar a los 90 días de la promulgación de dicha ley, en consulta con las agencias de inteligencia, y en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, [National Security Act of 1947 (50 U.S.C. 3003(4)), de 1947].
La anterior propuesta estipulaba un plazo de 120 días.
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“El secretario de Estado presentará al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno nicaragüense, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Sistema Judicial, en actos de corrupción pública o violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, puntualiza.
Restablecer democracia
La iniciativa hace la advertencia de que deben haber avances significativos y creíbles en el restablecimiento de la democracia.
“A menos que el secretario de Estado certifique e informe que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para el restablecimiento de la democracia en el país como el hecho de celebrar elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales nacionales e internacionales creíbles; promover la democracia, así como una Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un Consejo Supremo Electoral (CSE) independientes”, expresa el proyecto legislativo.
Estado de Derecho
Otros aspectos que deberá certificar la Secretaría de Estado son el fortalecimiento del Estado de derecho; el respeto a la libertad de asociación y expresión; combate a la corrupción incluyendo la investigación y enjuiciamiento a funcionarios gubernamentales; protección al derecho (de organización) de los partidos de oposición política, a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia (de los aparatos del gobierno y paraestatales al servicio del régimen), dice la ley.
Los congresistas consideran necesario el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la OEA en 2011, cuando Ortega se reeligió de manera inconstitucional.
Hoja de ruta de proyecto
La primera versión de la “Nica Act” fue aprobada por la Cámara de Representantes en septiembre del 2016, y presentada ante el Senado días más tarde por el senador de Texas, Ted Cruz, pero no logró ser discutida en el período legislativo 2016.
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Ahora deberá seguir un proceso primero de aprobación en esta Cámara y luego pasar al Senado. La Cámara de Representantes está integrada por 435 congresistas, 241 son republicanos y 194 demócratas.
El Senado también es controlado por los republicanos con 52 senadores, mientras los demócratas cuentan con 48. Posteriormente será el turno del presidente Donald Trump para firmar la ley.
Señalan prácticas corruptas
El proyecto de ley hace alusión a los informes emitidos por el Departamento de Estado en 2016. “Compañías (estadounidenses) informaron sobre las prácticas de soborno por parte de funcionarios, incautaciones ilegales y evaluaciones arbitrarias por parte de la Dirección de Aduanas y la Dirección General de Ingresos”.
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De acuerdo con la nueva versión de la “Nica Act”, esas prácticas de corrupción propiciaron que durante “noviembre y diciembre de 2016, la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postergó la consideración de un préstamo de 65,000,000 de dólares, solicitado por el Gobierno de Nicaragua, debido a esfuerzos de la oficina estadounidense (ante el BID) que expresó serias preocupaciones sobre la falta de transparencia, la corrupción sistemática y la falta de elecciones libres y justas en Nicaragua”.
LA PRENSA llamó la tarde del miércoles a la oficina del BID en Managua, pero nadie respondió el teléfono. El empréstito fue aprobado a finales de marzo. Otro aspecto relacionado con corrupción que señala el proyecto legislativo es la falta de transparencia fiscal del gobierno de Ortega.
Esta versión de la Ley ‘Nica Act’ va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos al Congreso, un proyecto de ley que exige al régimen de Ortega combatir activamente la corrupción y tomar medidas significativas para proteger a defensores y activistas de derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas”.
Ros-Lethinen, congresista republicana y coautora de iniciativa.
Daniel Ortega y su familia siguen acumulando una gran cantidad de riqueza, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente”.
Albio Sires, congresista demócrata y coautor de iniciativa.
“Nica Act”: dos proyectos, un mismo objetivo
“Nica Act” 2016
- Restablecimiento de la democracia, elecciones libres, justas y transparentes. Protección a representantes de la sociedad civil y la libre participación de los partidos políticos de oposición.
- Solo pedía elaborar listado de funcionarios supuestamente implicados en actos de corrupción.
- Otorgaba un período de 120 días para presentar un informe sobre corrupción en Nicaragua.
“Nica Act” 2017
- Elecciones libres, justas y transparentes, fortalecimiento del Estado de Derecho; el respeto a la libertad de asociación y expresión; combate a la corrupción, incluyendo la investigación y enjuiciamiento a funcionarios gubernamentales involucrados en actos corruptos.
- El secretario de Estado presentará al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno nicaragüense, miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Sistema Judicial, en actos de corrupción pública o violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
- El secretario de Estado deberá presentar el informe sobre corrupción en Nicaragua, a los 90 días de la promulgación de dicha Ley, en consulta con las agencias de Inteligencia, y de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional.
- Incluye irregularidades cometidas en las votaciones presidenciales en Nicaragua, en noviembre de 2016.
- Hace mención sobre la postergación de un préstamo de 65 millones de dólares, que realizó el gobierno de Ortega ante el BID, debido a la falta de transparencia.
