Decenas de policías y soldados tomaron este miércoles el centro histórico de la capital salvadoreña, donde se registró un tiroteo entre pandilleros y miembros de cuerpos de seguridad privada que dejó un saldo de seis personas muertas.
Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil, presuntos pandilleros atacaron con armas de fuego a un vigilante privado y a pocos metros del lugar asesinaron a tres vendedores informales, desatándose una balacera entre los delincuentes y los vigilantes que acudieron en defensa de su compañero.
La subcomisionada de la Policía Nacional Civil, Evelyn Marroquín, dijo en sus primeras declaraciones que “este es un problema entre vigilantes y pandilleros”.
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La policía detuvo a cinco supuestos pandilleros —entre ellos una mujer— a los que se vincula con la balacera. También se decomisaron tres armas de fuego. Las autoridades también capturaron a un taxista que transportaba a un pandillero herido, aunque alegó que fue obligado a llevarlo.
El ministro de Seguridad Pública, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, aclaró que no podía dar más detalles porque las investigaciones estaban en desarrollo. Sin embargo, dijo que lo que ocurre en el centro histórico de San Salvador “es verdaderamente complicado, complejo, tiene ya muchos años de estarse desarrollado y tiene mucho que ver con las actividades de grupos delincuenciales que siempre se han disputado su influencia en la zona para desarrollar sus actividades ilícitas”.
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En el país se sabe que el dominio del centro histórico está dividido en dos zonas: la de la Mara Salvatrucha, y la de la pandilla Barrio 18, cuyos miembros cobran renta a todos los vendedores informales y al que no paga, lo matan. Minutos después del incidente, la zona quedó desolada y los pocos vendedores que se quedaron para resguardar sus pertenencias prefirieron no hablar por temor a represalias de las pandillas.
Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tienen presencia en barrios y comunidades populares, están integradas por más de 70,000 jóvenes y adultos y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en el país.
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