El magnate Donald Trump informó este miércoles de que cedió el “control total” de su imperio inmobiliario a sus dos hijos, Eric y Donald Jr., y afirmó que eso evitará los conflictos de intereses con su nuevo cargo de presidente de Estados Unidos. Sin embargo, la medida es considerada “insuficiente” por la Oficina de Ética gubernamental estadounidense.
Trump, de 70 años, que será el presidente más rico de la historia de Estados Unidos, ha sido acosado por las denuncias de conflictos de intereses desde que venciera a su rival demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones de noviembre último.
El emporio Trump, cuya cadena de hoteles, clubes de golf y torres residenciales de lujo que se extienden por 20 países no cotizan en bolsa, y por tanto no tienen estadísticas públicas.
Tentaciones
El presidente electo, quien asumirá funciones el próximo 20 de enero, no ha divulgado hasta ahora sus declaraciones de impuestos, lo que reduce el conocimiento sobre el volumen de sus negocios. Trump tiene participación en 500 empresas de una veintena de países.
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El magnate difundió en mayo una lista de sus empresas de 104 páginas, que ofrecía pocos detalles acerca de las deudas de cada una de ellas, las ganancias que generan o sus fines. Esos detalles son relevantes porque expertos en ética dicen que Trump podría sentirse tentado de ajustar las normas, los impuestos y la política exterior del país para beneficiarse él mismo o a sus socios comerciales.
Otros gobiernos podrían tratar de influenciarlo favoreciendo o perjudicando los negocios que pueda tener en esos países.
“Blind Trust”
Sheri Dillon, abogada de Trump, explicó que Trump no ha resuelto crear un “blind trust” para evitar cualquier potencial conflicto de interés, que consistiría en transferir todos sus activos a un gestor independiente sin vínculos con él.
Algunos expertos estiman que ceder las riendas de su grupo a sus hijos no es suficiente y recomiendan la venta pura y simple de la Trump Organization. “El presidente electo no tiene por qué destruir la empresa que construyó”, respondió Dillon, quien intentó apagar otro foco de conflicto, esta vez con la Constitución.
La ley fundamental prohíbe a cualquier persona con un cargo electivo percibir “emolumentos” provenientes de países extranjeros, y algunos estiman que Trump podría violar esa norma si funcionarios extranjeros se alojan en alguno de sus hoteles o le pagan un alquiler por un apartamento en una de sus torres de lujo. “Pagar por una noche de hotel no es un regalo o un favor”, aseguró la abogada, quien agregó además que en esos casos Trump entregaría al Tesoro estadounidense los eventuales pagos de esos funcionarios extranjeros.
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