Se ha informado que la Corte Suprema de Justicia decidió mantener en sus cargos, hasta el 31 de marzo de 2017, a 34 magistrados de Apelaciones cuyos períodos se han vencido este año. Sin embargo, antes de esta fecha se harían los nuevos nombramientos, o se ratificaría a los que ya están nombrados y se llenarían las vacantes que hay por defunción, una en el Tribunal de Apelaciones de Managua y otra en la misma Corte Suprema: el magistrado “liberal” Antonio Alemán Lacayo, hermano del expresidente Arnoldo Alemán.
En la información se dijo que esos espacios corresponden al PLC y se espera que el pacto entre liberales y sandinistas para la repartición de cargos en el poder judicial, sea respetado. En tal sentido el magistrado “liberal” y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, declaró que confía en que los sustitutos sean de su partido (el PLC) y precisó que “hay que preguntarle al doctor Arnoldo Alemán quiénes serán”.
¿Por qué el caudillo liberal tiene que decir quiénes serán esos magistrados? Se supone que el poder judicial es independiente. La propia Constitución de Nicaragua dice, en su artículo 129, que los poderes del Estado “son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”.
Pero es obvio que eso es solo en el papel. En la práctica el dictador Ortega legisla todo lo que quiere mediante una asamblea de diputados que en su gran mayoría le obedecen servilmente; maneja el poder ejecutivo en forma absolutista; decide sobre la composición del poder judicial y la administración de justicia; y además controla el poder electoral y resuelve cómo repartir los votos y asignar los cargos que supuestamente se eligen en comicios devenidos en farsa electoral.
La justicia, para ser auténtica tiene que ser independiente por lo cual la función de juzgar debe desvincularse de la autoridad política. Los historiadores señalan que el aporte más importante de Estados Unidos y Francia a la humanidad (en particular de las revoluciones de ambos países que condujeron a la aprobación de sus respectivas constituciones, en 1787 la estadounidense y en 1791 la francesa), es la separación de poderes y la independencia de la justicia.
La independencia del poder judicial fue constituida bajo la inspiración del principio de la separación de poderes desarrollado por John Locke y el Barón de Montesquieu, quien advirtió que todo se pierde en un Estado en el cual una sola persona o un solo cuerpo de individuos, sean nobles o del pueblo, concentren los tres poderes y tengan la facultad de dictar las leyes, ejecutar las resoluciones legislativas y juzgar los crímenes y los conflictos de las personas particulares.
O sea que todo se ha perdido en Nicaragua, bajo el régimen orteguista, que ha suprimido de hecho la separación de poderes y la independencia de la justicia. Y por lo consiguiente todo tendrá que ser recuperarlo cuando la democracia inevitablemente sea restaurada.