Doña Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino contra el proyecto del Canal Interoceánico y la Ley 840 que lo concesiona, anunció que este 30 de noviembre regresarán a Managua con una nueva marcha nacional .
Ese día se cumplirá un año de la anterior movilización de campesinos que llegaron a la ciudad capital procedentes de los distintos lugares señalados como la ruta del Canal, pero la fuerza policial y militar les impidió llegar hasta la Asamblea Nacional donde presentarían la demanda de que la Ley 840 sea derogada. Hay que recordarlo, aquella marcha campesina pacífica terminó con una brutal represión de pandilleros y paramilitares orteguistas contra ciudadanos capitalinos indefensos que habían salido a las calles para apoyar a los campesinos.
Doña Francisca Ramírez informó que en la próxima marcha nacional también repudiarán la farsa electoral del pasado 6 de noviembre, y que probablemente se quedarán en Managua al menos hasta el día siguiente —fecha de la llegada de Luis Almagro al país—, para que el secretario general de la OEA se entere del repudio campesino al proyecto canalero, se interese por la situación de los derechos humanos y comprenda la necesidad de que haya en Nicaragua elecciones verdaderas, justas y transparentes.
Es notorio que el proyecto del Canal está prácticamente paralizado. Hay razones inclusive para creer que finalmente no será construido, solo algunos negocios adyacentes. Este megaproyecto que fue publicitado como la mayor obra de infraestructura del mundo y de la historia, con un costo de por lo menos cincuenta mil millones de dólares, ha desaparecido de la agenda oficial.
Inclusive, el sitio web de la empresa china HKND Group, concesionaria del proyecto canalero, luce desolado y carente de interés informativo. La última información reportada en ese sitio web es la de una casi anónima presentación del vicepresidente ejecutivo de HKND y el vocero nicaragüense de la comisión del canal, en un congreso de ingeniería civil realizado en Costa Rica a principios de septiembre de este año.
Está claro que el Canal en Nicaragua es inviable por varias razones financieras, comerciales y políticas y solo se podría construir si China comunista lo financiara de manera directa o indirecta. Pero se conoce por fuentes que no se identifican públicamente (como es usual en estos casos), que el gobierno chino se ha comprometido secretamente con el de los Estados Unidos a no financiar ni apoyar de ninguna otra manera la construcción de dicho Canal, pues por su gran significación estratégica podría representar una amenaza a los intereses de seguridad estadounidenses.
Sin embargo, aún descartado el proyecto canalero seguiría representando una grave amenaza contra los campesinos, porque la Ley 840 autoriza a la compañía HKND Group a expropiar confiscatoriamente sus tierras ancestrales. Además, la Ley 840 es una legislación vende patria, mediante ella se ha entregado la soberanía nacional y ofende la dignidad de los nicaragüenses. De manera que es muy justa la demanda campesina de derogar la Ley 840 y todos los nicaragüenses dignos deberían respaldarla.
