Aunque los candidatos presidenciales rechazan la censura a periodistas y medios de comunicación independientes, expresaron que no pueden hacer nada para que el Consejo Supremo Electoral (CSE) les de acceso a la cobertura mediática del proceso electoral. Hasta ahora el CSE solo convoca a los medios de comunicación oficialistas a las conferencias de prensa.
Saturnino Cerrato, candidato presidencial de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dijo que lo único que queda es la denuncia internacional porque ante el CSE está claro que no se puede hacer nada.
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“De momento no se puede hacer nada, pero sí se puede plantear ante organismos nacionales e internacionales”, manifestó Cerrato.
José del Carmen Alvarado, candidato del Partido Liberal Independiente (PLI), admite que deberían de pronunciarse, pero no se comprometió a hacerlo.
Hasta este jueves el CSE no había contestado la solicitud de acreditación para cobertura electoral, de los medios de comunicación independientes.
El CSE solo permite a los medios oficiales, que en su mayoría son propiedad de la familia Ortega-Murillo, que gobierna el país.
Aunque el poder electoral debería de ser una institución neutral principalmente en un proceso electoral, es controlado por militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El representante legal del Partido Conservador (PC), Alfredo César, relató a LA PRENSA que durante el primer encuentro con los funcionarios del CSE se les preguntó por qué no se permitía el ingreso a todos los medios.
Según César, el jefe de la oficina de prensa del poder electoral, Félix Navarrete, contestó que “el CSE tiene su propia política de medios” sin dar más explicaciones.
Desde el retorno al poder del FSLN en 2007, ha venido incrementando la censura del acceso a la información en las instituciones públicas; la mayoría de los funcionarios no ofrecen declaraciones ni entrevistas a los medios independientes.
Es censura a los medios
Impedir a uno o varios medios de comunicación el acceso a las actividades del proceso electoral es “un acto de censura, violatorio a los artículos 66 y 67 de la Constitución Política”, según el periodista y académico Alfonso Malespín.
El artículo 66 establece que “los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz” y que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 67 dice que el derecho de informar “no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley”.
