La Asamblea Nacional de Venezuela acudirá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar que el gobierno de Nicolás Maduro ha anulado la potestad del poder legislativo de conocer, discutir y aprobar el presupuesto general de la nación.
Además de denunciar este golpe de Estado del régimen chavista contra el poder legislativo, la dirigencia de la Asamblea Nacional pedirá al secretario general la OEA, Luis Almagro, que active por fin el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que lo manda o autoriza a convocar al Consejo General de la Organización “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático…” En Venezuela se ha producido no una grave sino una gravísima alteración del orden constitucional y del orden democrático, puesto que la democracia no puede existir donde no se reconocen las facultades esenciales del poder legislativo cuyos integrantes han sido elegidos directamente por el pueblo.
Conocer, discutir y aprobar la ley del presupuesto nacional es una de las atribuciones primordiales del poder legislativo en cualquier parte del mundo. Inclusive en Estados totalitarios como los de Cuba, China y Corea del Norte, para mencionar los más notorios, se guardan las apariencias y al menos de manera formal los diputados conocen y discuten el presupuesto del país, aunque no se les permita hacerle cambios importantes.
En Nicaragua, en tiempos de la dictadura somocista el Congreso Nacional discutía el proyecto de ley del presupuesto que le presentaba el ejecutivo y antes de aprobarlo le hacía los cambios que consideraba pertinentes.
En la época de la dictadura sandinista de los años ochenta, a partir de 1987 cuando se promulgó la Constitución sandinista que en general está vigente hasta ahora, la Asamblea Nacional que sustituyó al Congreso somocista podía también conocer, discutir y hasta modificar el presupuesto, salvo durante el Estado de Emergencia —que era constante en el país— cuando los diputados no lo podían discutir pero se les permitía conocerlo y aprobarlo.
En Venezuela ya no se permite ni siquiera eso. Por disposición de la Corte Suprema de Justicia venezolana que está al servicio político incondicional de Maduro y su partido socialista totalitario, la Asamblea Nacional no podrá conocer y mucho menos aprobar el presupuesto, a pesar de que esto es un mandato expreso de la Constitución Bolivariana que en su artículo 187, numeral 6, establece que “Corresponde a la Asamblea Nacional… Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”.
El dictador Maduro, en vez de enviar el presupuesto a la Asamblea Nacional en cumplimiento del mandato constitucional, lo manda a una ilegal “asamblea popular” integrada por militantes y simpatizantes del partido oficialista, la cual fue inventada por el chavismo después que perdió las elecciones legislativas del año pasado.
La dictadura de Nicolás Maduro está llegando a extremos de ilegalidad e ilegitimidad que la comunidad internacional no debería tolerar.
