El mismo día que Carlos Fernando Chamorro Barrios denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) los actos de intimidación y espionaje del Ejército y el partido gobernante en contra de la revista electrónica e impresa Confidencial, LA PRENSA puso el caso en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). De manera que todos los participantes en la 72ª. Asamblea General de la SIP, que se realiza a partir de hoy en Ciudad de México, conocen esta nueva agresión del régimen dictatorial de Nicaragua contra los medios independientes y la libertad de prensa.
Según la denuncia presentada por el periodista Chamorro Barrios el 7 de octubre corriente, dos trabajadores de la revista Confidencial que él dirige fueron requeridos por separado por un oficial del Ejército de Nicaragua y operadores políticos del partido de gobierno, que los presionaron para que les dieran información sobre el funcionamiento interno de dicho medio de comunicación y el sistema informático de su sitio web.
Un vocero del Ejército rechazó la denuncia diciendo que no tenía “ni pies ni cabeza”. Por su parte, el partido de gobierno ha guardado absoluto silencio, pero en las redes sociales personas evidentemente oficialistas han descalificado la denuncia de Confidencial y denigrado a su director.
Los hechos denunciados por esta revista independiente que con frecuencia investiga y denuncia actos de corrupción gubernamental y otros abusos de poder, son claramente delictivos, violatorios de la Constitución y las leyes del país lo mismo que de las declaraciones y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y civiles.
La Constitución de Nicaragua, en sus artículos 66, 67 y 68 garantiza la libertad de expresión y de prensa; y en su artículo 96 prohíbe al Ejército, la Policía y “cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político”.
Pero en Nicaragua Daniel Ortega ha hecho desaparecer la democracia y el Estado de derecho ya no existe. En su lugar se ha instalado una dictadura conyugal y partidista para la cual la Constitución y las leyes no tienen ningún valor, sobre todo en lo que se refiere a institucionalidad democrática y derechos y garantías de los nicaragüenses.
La censura de prensa y el espionaje político son perversiones políticas y gubernamentales características de la dictadura, en cualquiera de sus diversas manifestaciones. Y cabe precisar que censura de prensa no es solo la que se practica de manera directa, mediante leyes y acciones represivas brutales como se hacía en el somocismo y durante la dictadura sandinista de los años ochenta. La censura de prensa se practica también por medios sutiles e indirectos, como los que ha denunciado la revista Confidencial y otros de los que han sido víctimas diversos medios de comunicación independientes, incluyendo al Diario LA PRENSA.
Por otra parte, no hay una sola dictadura que no practique el espionaje militar y policial con fines políticos, represivos, intimidatorios o de información, que se dice es para la defensa nacional o la seguridad soberana pero en realidad es para proteger a una dictadura, que por su propia naturaleza no solo intolerante y represiva sino también paranoica.
