La semana pasada fue aprobada en la Asamblea Nacional la ley de Asociación Público Privada (APP), una iniciativa del Gobierno que fue consensuada previamente con la empresa privada nicaragüense.
Como es habitual en Nicaragua, bajo el sistema dictatorial impuesto por Daniel Ortega, la ley APP fue aprobada por los diputados mediante el trámite de urgencia, sin que ninguno de ellos tuviera la oportunidad —pero tampoco el interés, salvo alguna excepción—, de proponer enmiendas al proyecto oficialista pactado con el empresariado.
Por sus fines, la Ley APP es necesaria. Leyes de este tipo existen en muchos países del mundo, algunos de ellos tan pobres y atrasados como Nicaragua, por ejemplo Mozambique, Cambodia y otros de África y Asia. Varios países de América Latina cuentan ya con leyes de asociación de recursos públicos y privados y sus resultados han sido provechosos en términos generales.
El objetivo de la ley APP es incentivar y fortalecer las inversiones públicas y privadas, sobre todo en las infraestructuras que el país necesita pero el Estado no tiene capacidad para financiarlas por sí solo. Un ejemplo podría ser el de las autopistas, que el Gobierno no puede construirlas pero la empresa privada nacional o extranjera podría invertir el capital necesario para hacerlas y recuperar la inversión por medio del cobro de peaje, o derecho de tránsito. En este caso —es muy importante dejarlo claro—, al lado de las rutas de peaje tendrían que haber las carreteras públicas, en las que se pueda circular gratuitamente pero sin poder aprovechar la rapidez propia de las vías pagadas.
Lo esencial en este caso —inclusive así lo recomienda el Banco Mundial—, es que las leyes de APP sean consistentes con el orden legal del país y particularmente que haya “un equilibrio entre las reglas de juego establecidas que promuevan la transparencia y la imposición de restricciones generales que puedan afectar a los equipos de licitación”.
Transparencia es el elemento clave, sobre todo en un país como Nicaragua donde impera un régimen autoritario que entre otras características anormales tiene la de ser turbio en el manejo de los negocios públicos.
En la aprobación de la ley APP se ha visto la arbitrariedad, inclusive la violación a la norma constitucional. Acerca de esto, el jurista constitucionalista Gabriel Álvarez declaró a LA PRENSA que al ser aprobada de manera autoritaria esta pieza legislativa, fueron cercenadas facultades de los diputados y se violentó el procedimiento de formación de la ley. Pero además, dijo Álvarez, supone un riesgo para que haya corrupción en la aprobación de las concesiones y negociación de los contratos, por la centralización presidencial y sobre todo la falta de suficientes mecanismos de control. La advertencia es válida, considerando que el Estado de Nicaragua, es reconocido internacionalmente como uno de los más corruptos del mundo.
La empresa privada tendrá que asumir ante la nación la responsabilidad de velar por la transparencia en la aplicación de la ley APP, mientras llega el momento de recuperar la democracia y reconstruir el sistema de controles que requiere un Estado transparente y decente.
