Como ciudadano preocupado por el futuro de nuestra Nicaragua y la suerte de sus pobladores, presentes y por venir, deseo compartir con mis amables lectores y la ciudadanía en general algunas reflexiones en torno a este complejo y trascendental acontecimiento:
1. En un mundo tan interconectado como el actual, en el que las decisiones tomadas por un Estado cualquiera frecuentemente tienen efectos más allá de las fronteras de su país, por pequeño y pobre que este sea, resulta complicado definir cuánto de injerencistas, y cuánto de defensivas, pueden tener ciertas determinaciones que otro Estado tome. Para protegerse contra las posibles consecuencias externas, en el corto, mediano y largo plazo, de decisiones adoptadas por el primero. Por ello, no descarto el que detrás de este proyecto de ley se encuentren, no solo la proclamada voluntad de defender la democracia y los derechos humanos a la par que combatir la corrupción, sino también una profunda, inevitable, preocupación ante el acercamiento de Ortega a rusos y chinos, y su ominosa e impredecible evolución en el tiempo. Preocupación que al parecer ya no logra adormecer el caramelito de “la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y la obediencia al FMI”.
2. Es clarificador —y hasta divertido— destacar que, al parecer, existen para Ortega dos tipos de “injerencias”: las bondadosas, que deben ser cortejadas y las perversas, que deben ser combatidas. Quienes conocemos la historia y además ni nos autoengañamos ni nos dejamos engañar por historietas oficiales, no sin renuencia admitimos que, si Somoza se fue, es porque así lo decidieron —injerencia jamás repudiada por Ortega— varios gobiernos extranjeros. El de Carter a la cabeza. Creo ocioso entrar aquí en una cantidad de detalles que dejo claramente expuestos y objetivamente analizados en otra parte.
3. Cuestiones de seguridad nacional, de compromiso moral con la defensa de la democracia o ambas, es diáfanamente claro que fueron —son— decisiones tomadas por Ortega y ejecutadas por su servidumbre, lo que generó la reacción gringa, no sabemos todavía que tan extendida está y hasta dónde llegará. Sin esas decisiones no habrían hecho su aparición las perspectivas actuales. De manera que los responsables de que ellas existan son, innegablemente Ortega y sus despreciables secuaces. Es ridículo creer que nicaragüenses opositores al orteguismo tengan la poderosa influencia requerida para, mediante la denuncia de hechos nada secretos, escandalosamente públicos, provocar tan drástico viraje en las políticas de Washington hacia Nicaragua.
4. Es obvio que quien primeramente y con mayor crudeza sentiría el impacto de esta ley es el pueblo pobre de Nicaragua. Desde luego también serían afectados grupos empresariales, particularmente los complacientes con la dictadura. Lo cual sitúa a nuestras conciencias en una dolorosa disyuntiva: aceptamos que pagando ese precio acaso se logre acelerar la erradicación del cáncer Ortega, y dejen de ser vanas las esperanzas de que en un plazo relativamente corto ese pueblo pobre alcance una vida digna; o bien consideramos que tal precio es excesivo, por lo que es preferible resignarnos a que el cáncer siga haciendo metástasis, se aleje cada día un poco más la llegada de una nueva etapa durante la cual impere el respeto a los derechos naturales de ese mismo pueblo… y crezcan las probabilidades de que no haya más solución al drama nacional que la lucha armada, con toda su pavorosa secuela de muertos e inválidos, destrucción y atraso materiales y generación de odios y rencores en el seno de la familia nicaragüense.
El autor es presidente del partido acción ciudadana.
