La campaña de odio que sectores no identificados —pero presumiblemente oficialistas— han desatado en las redes sociales contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales y políticos democráticos de Nicaragua, fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), informó que ha solicitado a la CIDH una acción urgente ante las “amenazas de muerte, injurias y calumnias por parte de simpatizantes y miembros del partido de Gobierno del Estado de Nicaragua”.
Los impulsores de la campaña de odio acusan a Leiva y otros defensores de los derechos humanos y civiles, de haber propiciado en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU) la iniciativa de ley llamada Nicaragua Act, la cual tiene el objetivo de sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus reiteradas violaciones a la democracia, en particular al derecho de los nicaragüenses de elegir a sus gobernantes en elecciones libres y transparentes.
Según la denuncia puesta ante la CIDH, existe el temor de que la campaña de odio contra los defensores de los derechos humanos y civiles pudiera conducir a la ejecución de atentados contra las personas amenazadas, inclusive contra sus familiares.
Esperamos que eso no suceda. Pero la verdad es que no hay ninguna razón para acusar a nadie por la probable aprobación en los EE.UU. de una ley para sancionar al régimen de Ortega. Los congresistas estadounidenses que impulsan la ley Nica Act no han sido motivados por ningún activista social y político nicaragüense. Es el mismo Daniel Ortega quien la ha causado, al decapitar a la principal fuerza de oposición que en las elecciones anteriores quedó como segunda fuerza; al no permitir elecciones libres y limpias; al impedir la observación electoral independiente e insultar a los observadores internacionales; al expulsar arbitrariamente del país a oficiales aduaneros del gobierno de Estados Unidos, investigadores científicos y otras personalidades, etc.
Los partidarios, socios y amigos del régimen orteguistas dicen que es impropio hablar mal de Nicaragua y que a nadie se le debería permitir que lo haga. Pero protestar por los abusos del régimen orteguista y denunciarlos internacionalmente, no es hablar mal del propio país. Los activistas sociales y políticos democráticos no hablan mal de Nicaragua, de sus bellezas y riquezas naturales, de sus ventajas comparativas, de su cultura y las virtudes de su gente. Lo que hacen es ejercer su derecho y cumplir su deber de apelar ante las instancias internacionales ante el hecho real de que el gobierno de Nicaragua no respeta los instrumentos jurídicos que garantizan la democracia.
En todo caso, es Daniel Ortega quien con sus abusos dictatoriales habla mal de sí mismo y desacredita a Nicaragua, cuyos ciudadanos tienen derecho de vivir con dignidad, tranquilidad, libertad y democracia, condiciones indispensables para crecer de manera sostenida y prosperar con equidad. Daniel Ortega no es Nicaragua. Si así lo cree está absolutamente equivocado y más temprano que tarde tendrá que aterrizar en la realidad.
