Han transcurrido más de 300 días desde la primera solicitud de información, pero el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, sigue sin explicar los millonarios préstamos que el consejo directivo aprobó en los últimos años a miembros del sector privado para la construcción de condominios de lujo en Managua.
Los documentos oficiales revelaron que son más de 13.8 millones de dólares en financiamiento a empresarios que juristas, como Manuel Israel Ruiz, especialista en seguridad social, cuestionan porque los directivos del INSS no están facultados por la ley para aprobar créditos para ese tipo de construcciones.
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La primera carta a López fue enviada por LA PRENSA el 4 de diciembre de 2015.
Se le preguntó entonces al funcionario por el crédito de 1.2 millones de dólares que fue aprobado a la empresa Teleconstrucciones Guillén SA para construir el condominio Planes de Altamira, una obra que fue realizada por la empresa Desarrollos Inmobiliarios (Dinsa), propiedad del entonces directivo del sector privado en el INSS, Alfonso Silva. Sin embargo, su respuesta fue el silencio.
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Tampoco tuvo palabras cuando fue el caso del crédito para construir el Edificio del Norte, cercano a Metrocentro, en el cual el INSS prestó a la empresa Desarrollos del Norte, SA (Denorsa) 12.6 millones de dólares a un plazo de 15 años, con un interés del siete por ciento anual.
También calló en cuanto a los financiamientos al condominio San Sebastián y Pinares de Santo Domingo, vinculados al empresario Tirso Celedón Lacayo.
La respuesta común en la recepción de la caja de los asegurados fue esta: “Aún no hay respuesta, espere; ellos le llamarán”.
Lamentan visión de Gobierno
El consultor en acceso a la información pública, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, lamentó que en Nicaragua no se cumpla el derecho de acceso a información que tienen todos los ciudadanos.
“Históricamente las entidades públicas han concebido la información como un patrimonio estatal y aquí en Nicaragua es peor, conciben la información pública como un patrimonio del partido de Gobierno, se requiere un cambio de conducta en la administración del Estado, para eliminar completamente la cultura del secretismo con la cual ha funcionado este Gobierno. Los funcionarios deben recordar que solamente están en custodia de esa información, que por definición, por principio, se presume pública”, dijo Medrano.
Sobre el caso del Seguro Social, el experto señaló que la información publicada en la página electrónica del INSS, por ejemplo, se encuentra desfasada.
Y criticó la transformación de las oficinas de acceso a la información pública, las pocas que existen, en oficinas de relaciones públicas en el Estado.
“El control absoluto que tiene el poder ejecutivo, incluyendo la CSJ, los hace complacientes, colaboradores, facilitadores de la cultura del secretismo”, insistió.
La relación con el sector privado
Los préstamos del INSS al sector privado ponen en agenda su relación con el Gobierno.
Para el veterano sindicalista Onofre Guevara, la empresa privada cambió de estrategia bajo esta administración.
“En vez de pretensiones políticas frente al poder, buscó el consenso con él. Y todo fue compartido: (Daniel) Ortega se quedó con el poder y con negocios; el Cosep se quedó con los negocios y cuotas de poder en el Legislativo; y ambos Ortega y Cosep, pueden incursionar en ambos terrenos, mientras no traten de anularse uno al otro. Ese el esquema político-económico dominante en nuestro país”, explicó.
Según Guevara, el INSS ha sido un punto de convergencia en lo que califica como corrupción de parte de empresarios oficialistas y otros “formalmente apolíticos”.
“Ortega se quedó con el poder y con negocios; el Cosep se quedó con los negocios y cuotas de poder en el Legislativo; y ambos Ortega y Cosep, pueden incursionar en ambos terrenos, mientras no traten de anularse uno al otro”. Onofre Guevara, sindicalista.
La caja chica de los gobiernos
El sindicalista Onofre Guevara dijo que recuerda cómo el INSS fue usada como “caja chica” de los gobiernos y hace énfasis en la administración de Arnoldo Alemán (1997-2001), cuando fue presidente ejecutivo Martín Aguado. Junto con las denuncias de corrupción rechaza también la privatización del sistema de salud.
“Se privatizó el servicio de salud del INSS a favor de empresarios privados, quienes virtualmente convirtieron casas privadas en grandes hospitales a costa de los aportes económicos del INSS a las llamadas clínicas previsionales.
“Este es un negocio compartido con elementos enriquecidos en el poder después de la derrota electoral del FSLN”, lamentó este hombre que señala préstamos pasados a delegados sindicales, así como a aquellos empresarios de la salud “a costa del Seguro Social” y que provienen del orteguismo.
