El Congreso de los Estados Unidos (EE. UU.) ha aprobado en primera instancia la iniciativa de Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua —o Ley Nica Act—, que tiene el objetivo de sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus flagrantes atropellos a la democracia.
Se conoce que el procedimiento legislativo de EE. UU. es engorroso y lento. Por eso los expertos nicaragüenses en la política estadounidense aseguraban que en el caso de que la Cámara de Representantes quisiera aprobar esa ley, sería solo hasta el próximo año. Pero tales pronósticos fueron refutados por los congresistas estadounidenses.
Ahora la ley tiene que ser aprobada en segunda instancia, o sea en la Cámara alta, lo que al parecer no sería difícil considerando que la Cámara de Representantes la aprobó no solo por una inusual unanimidad (o sea que todos los legisladores de ambos partidos están contra Ortega) y en el Senado ya hay una iniciativa igual.
En realidad, Daniel Ortega se ha quedado sin amigos en el campo internacional —salvo los gobernantes autoritarios como él— después que decapitó y excluyó del proceso electoral a la principal fuerza de oposición, destituyó de la Asamblea Nacional a los diputados opositores y luego calificó como “terrorismo institucional” el ejercicio de la oposición cívica. Además, Ortega llamó sinvergüenzas a los observadores electorales internacionales y expulsó del país a diversos funcionarios extranjeros, entre ellos tres inspectores de Aduanas de EE. UU. que venían a inspeccionar productos nicaragüenses de exportación al mercado de ese país.
Ante la rápida aprobación en la Cámara de Representantes de la ley para sancionar al régimen de Daniel Ortega, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó su preocupación por las repercusiones negativas que podría tener en las inversiones que Nicaragua recibe de EE. UU.. Al mismo tiempo, el líder empresarial opinó que este es un buen momento para que el presidente Ortega reflexione sobre su actuación en la coyuntura política del país previa a las elecciones de noviembre.
En realidad, como señalamos en el editorial del miércoles de esta semana (Se pueden evitar las sanciones), la iniciativa de Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua ha sido motivada por el mismo régimen de Daniel Ortega, el cual ha incumplido obligaciones de Estado básicas contempladas en la Carta Democrática Interamericana, en los Acuerdos de Esquipulas II y en la misma Constitución Política de Nicaragua; y que por lo tanto no es difícil evitar las sanciones que conlleva.
La pelota está en la cancha de Daniel Ortega, quien podría y más bien debería promover un acuerdo político nacional para otorgar la personería jurídica a los partidos de oposición que han sido ilegalizados, integrar un Consejo Supremo Electoral de consenso, reformar la Constitución y la Ley Electoral para establecer garantías de que el próximo año se puedan realizar elecciones transparentes y justas, con la debida observación electoral nacional e internacional.
Esto y más se podría hacer si Daniel Ortega pudiera y quisiera reflexionar, recapacitar y poner el interés nacional por encima de la compulsión autocrática y la ambición de perpetuarse en el poder a cualquier precio.
