Se conoce que los pilares del Estado de Derecho son la división de poderes, el imperio de la ley, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y el sometimiento del Estado (de todos sus órganos y funcionarios) a la legalidad constitucional y ordinaria.
Donde no existen esos valores —o están escritos en la Constitución y la Ley pero no se respetan, como es el caso de Nicaragua—, allí no hay democracia sino dictadura. Por eso decimos categóricamente que el régimen de Daniel Ortega es una dictadura.
Pero no se trata solo de que Daniel Ortega actúa como un dictador. Es que todo el sistema político de Nicaragua funciona como una dictadura, en la cual cada poder del Estado, órgano de gobierno y funcionario gubernamental es simplemente una pieza del engranaje dictatorial.
Así funciona la Asamblea Nacional, en la cual, hasta el 29 de julio pasado había una bancada de diputados opositores que discrepaban, denunciaban las tropelías del régimen y defendían los principios y leyes de la democracia y el Estado de Derecho. Razón por la cual fueron sacados de sus escaños de manera dictatorial.
Los 28 diputados del PLI y el MRS fueron destituidos para que en la Asamblea Nacional ya no hubiera una verdadera oposición y que sus reemplazos fueran sumisos a la dictadura o al menos complacientes con ella. Esto se vio claro esta semana con la decisión de mantener como presidente de la Asamblea Nacional al difunto político sandinista, René Núñez Téllez. La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece expresamente, en su artículo 37, que cuando se produce la vacante de un miembro de la Junta Directiva por fallecimiento, quien esté fungiendo como presidente provisional declarará la ausencia en el término de las siguientes 48 horas. Y en su siguiente sesión la Asamblea Nacional procederá a elegir al nuevo presidente por mayoría absoluta de votos, o sea la mitad más uno.
La Ley no dice que el presidente difunto podrá seguir presidiendo la Asamblea Nacional y esta no tiene capacidad legal para decidir algo semejante. Además, no es cierto que el plenario legislativo es soberano y por tanto puede disponer todo lo que quiera. La Asamblea Nacional como institución y los diputados como individuos solo pueden hacer lo que establece la Ley. Y si actúan en contra de la Ley es porque en Nicaragua no hay Estado de Derecho, sino una dictadura de la que el poder legislativo es, repetimos, uno de sus instrumentos.
Vale la pena destacar, sin embargo, que la diputada independiente Licet Montenegro votó contra la irracional resolución de mantener a un difunto como presidente de la Asamblea Nacional. Ella fue la única y algunas personas consideran que tal vez se opuso a la sinrazón de los diputados orteguistas y sus adláteres de viejo y nuevo cuño, para no perjudicar la imagen de su esposo que es candidato presidencial por el partido de Arnoldo Alemán. Pero cualquiera que hubiese sido el motivo que tuviera, solo ella se atrevió a defender en este caso el principio de legalidad y esa es una actitud que merece ser reconocida.
Como también hay que reconocer que diez diputados del PLI e independientes, votaron este miércoles contra la turbia reforma presupuestaria orteguista, tal vez por un resto de recato político o por despistados.
