En distintos canales de televisión y en el Diario LA PRENSA se ha hecho público un video de la corresponsal de Noticinco Bluefields, Jessilett Guadalupe Henríquez, que ha sido reproducido en las redes sociales más de 900 mil veces en un solo día. En él se aprecia un reprensible operativo policial, llevado a cabo el viernes 2 de septiembre, en el sector uno del barrio San Mateo, de Bluefields.
La Policía —sin orden judicial de cateo— allana una vivienda donde opera, además, una casa de empeño. Acto seguido, se lleva todos los artículos de interés, dispositivos electrónicos y electrodomésticos que figuran como prenda crediticia. Y cargan, incluso, con provisiones de alimentos, machetes, serruchos e implementos de uso común en un hogar. El machete, expresa la Policía, nos hace sospechar que todo sea ilícito. Así que decomisan lo que encuentran a su paso durante el operativo ilegal.
El joven estudiante de 17 años, Kener Wilfredo Conrado Arias, avisado por los vecinos del operativo policial en casa de su tía, se apersona en el sitio y con cierta timidez (casi hablando para sí en voz alta) exige al jefe del operativo policial la orden judicial de allanamiento. El comisionado Alonso Sevilla Cruz, como máximo oficial en rango al mando del operativo, le increpa que se las da de engüevadito, y con voz gruesa, y gesticulando con prepotencia, le espeta que la Policía entra donde sea… y después convalida (obviamente, ante un juez).
Es decir, la Policía procede en el orden inverso y se siente libre de cometer delito. No solo pone patas arriba el Estado de Derecho, sino que revierte el sometimiento que debe a la autoridad civil institucionalizada. La Policía violenta, entonces, la Constitución, no como un hecho aislado, sino, conceptualmente, por sistema. Y cuando eso ocurre así, con impunidad, estamos frente a una dictadura policial o, lo que es peor, enfrentamos la degradación de un Estado fallido, controlado por la mafia. Aunque la línea de demarcación degenerativa entre ambas alternativas reaccionarias es muy tenue.
En todo caso, situar a la Policía por encima del orden jurídico transforma cualitativamente el carácter y la naturaleza de la Policía, convirtiéndola en un órgano militarizado de violencia anticonstitucional, en contra de la nación.
La Carta Magna establece en el artículo 26 (protección y respeto a la vida privada), numerales 1, 2, 4, que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia, a la inviolabilidad de su domicilio, el cual solo puede ser allanado por orden escrita de juez competente (salvo en casos muy concretos y evidentes, en que resulte necesaria una acción urgente para resguardar los derechos humanos).
De manera, que esos casos extremos deben ser cuidadosamente exonerados ante un juez, dado que la Constitución establece en el artículo 33, numeral 2 y 4, que toda persona tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y que toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o ejecute.
A partir de esta violación al orden jurídico, se dará un subsecuente abuso policial en contra de la integridad física del joven Kener Conrado (un cipote de 17 años de edad), que ha causado la indignación de la población, dado que esta vez se ha podido comprobar en la filmación la despreciable y violenta acción policial contra los derechos humanos del muchacho que, en actitud pacífica, demandaba únicamente una actuación policial apegada a la ley.
Los vecinos increpan a la Policía por el maltrato que le dan al joven estudiante, quien se gana la vida reparando celulares. El mismo comisionado Sevilla explica a los enojados testigos presenciales que el muchacho (contra toda evidencia) no recibe maltrato de nadie, sino que está siendo reducido. Reducción —diría cualquiera— con innecesario maltrato físico.
Ante la pregunta de los periodistas a la primera comisionada sobre este hecho reprochable, simplemente responde: “A todo le damos seguimiento”. Y olvida que el pueblo también le da seguimiento a todo. Que cualquier ciudadano honrado se identifica con el muchacho, y concluye que un régimen es dictatorial si las autoridades sistemáticamente cometen delito con total impunidad.
El autor es ingeniero eléctrico
