En Nicaragua la materia de los Derechos Humanos (DD.HH.) es una asignatura cuya aprobación no es del interés gubernamental. Por el contrario, la voluntad política del gobernante apetece la continuidad de esta práctica, carente de talante democrático.
Dicha práctica es evidenciada por el irrespeto al artículo 46 de la Constitución, el cual manifiesta que el Estado garantizará el reconocimiento, la protección y promoción de los derechos inherentes a las personas, entre otras cosas. Además, existe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), instancia que lejos de defender los Derechos Humanos se ha convertido en cómplice del deterioro de la institucionalidad democrática del país.
En Nicaragua se vienen quebrantando los DD. HH. desde que Ortega retomó el poder en el 2007, pero las confiscaciones a estos derechos se han acrecentado en este segundo periodo, prueba de esto son los informes que anualmente presentan los organismos para la defensa de los Derechos Humanos, en los cuales el Estado de Nicaragua aparece aplazado.
De acuerdo con informe del Cenidh en 2015 y en los primeros meses del 2016 “escalaron en número y en gravedad las violaciones de Derechos Humanos” en este país, al tiempo que se profundizó la impunidad.
El Estado de Nicaragua, a través de sus instituciones, violentan los DD.HH., y entre ellos, los más transgredidos estarían: la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de manifestación pacífica, seguridad jurídica, la integridad física, acceso a la justicia, garantía del debido proceso, libertad individual y el de la propiedad. Además, no podemos omitir agresiones a los derechos laborales, civiles y políticos.
Para colmo, al momento que el individuo utiliza las vías legales para su defensa tales como: el recurso de Exhibición personal, recurso de Amparo y el recurso por Inconstitucionalidad, estos no surten efecto debido a la falta de seguridad jurídica. En consecuencia, la ciudadanía se encuentra en una situación de indefensión, esto a causa de la falta de independencia y subordinación del órgano judicial.
De 1,481 denuncias recibidas por el Cenidh el año pasado, 568 fueron en contra de la Policía Nacional, convirtiéndola en la entidad perteneciente al aparato estatal más denunciada. La institución policial ha venido sufriendo un proceso de menoscabo en relación a su institucionalidad, irrespetando su carácter apolítico y apartidario. Dicha institución ha optado por prácticas al margen de la ley como detenciones ilegales, allanamientos ilegales, malos tratos y torturas, en conexión con la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional. Otras autoridades acusadas de incurrir en actos violatorios fueron los tribunales de Justicia, el Ministerio Público y el Ejército de Nicaragua.
La fidelidad política de las entidades públicas hacia el partido de gobierno es el combustible para la proliferación de la impunidad. Ejemplo de ello son los casos en los cuales organismos defensores de los DD.HH. demandan justicia sin encontrar eco en las autoridades oficiales. Es decir, no hay una investigación oficial por parte de las autoridades competentes, su actuar no es apegado al marco legal, etc. En consecuencia, el acceso a la justicia para las víctimas se ve imposibilitado.
Hay algunas voces que hablan de “hechos aislados” cuando en la realidad en Nicaragua, prácticamente hay una sistematicidad en un comportamiento encaminados a vulnerar los Derechos Humanos. Asimismo, los hechos recientes nos llevan a dar por hecho que el próximo 6 de noviembre nuevamente serán avasallados los Derechos Humanos fundamentales de quienes tienen derecho a elegir y a ser elegidos.
Como conclusión, Nicaragua no es una democracia republicana debido a que las instituciones están atentando en contra de los Derechos Humanos y constitucionales; cuya principal causal es el alto nivel de desmoronamiento del imperio de ley.
El autor es graduado en Diplomacia y Relaciones Internacionales.
