“Buscá tu ropa negra porque tengo una sorpresa para ti. Una o dos de tus cabecillas recibirán plomo”. “Tu cabeza está en mi lista”. “Tu muerte está cerca”. Estos son algunos de los mensajes que Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), tiene como pruebas de las amenazas que supuestos colonos han realizado a miembros de la organización en el último año.
Dirigentes de organizaciones defensoras de los pueblos indígenas, promotores de derechos y líderes de comunidades son blanco de intimidación y denuncian que, además de la inoperancia de las autoridades ante la situación de conflicto por la invasión de colonos en territorios indígenas, sufren presiones de grupos afines al Gobierno e incluso de las autoridades.
“Tenemos más de diez de años de trabajar por los derechos indígenas y se nos han ido cerrando puertas, oportunidades laborales, limitan el trabajo de las organizaciones que quieren apoyarnos, es presión económica para amenazar nuestro trabajo”, expone Susana Marley, presidenta de la Comisión Técnica de la Sociedad Civil Comunitaria de Waspam.
Lamberto Chow Macklin, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Waspam, es guardia de seguridad en una casa de salud materna. Le han hecho llegar mensajes verbales de que debe enfocarse en su puesto y no involucrarse en otras actividades si no quiere perder su trabajo. Hace dos meses no le pagan su salario. ¿Cómo hace para vivir? Busca trabajo en albañilería, en lo que salga.
CON UÑAS Y DIENTES
Pedir aventones, buscar patrocinios para los viajes de denuncia al extranjero, financiar con sus propios medios las giras a las comunidades es parte del ajetreo diario, cuenta Susana Marley.
Cejudhcan trata de monitorear semanalmente en las comunidades del Caribe Norte afectadas por la invasión de colonos, pero la tarea implica recursos que ni ellos ni los comunitarios tienen.
Son comunidades remotas donde la señal telefónica es reducida, no todos tienen un teléfono celular, ni saldo para comunicarse. Muchos promotores de derechos que viven en la zona deben prestar teléfonos, prestar para una recarga y finalmente treparse a un árbol para conectar la llamada.
“Enviamos representantes cada vez que podemos, mensualmente, pero eso también tiene un costo que no siempre podemos asumir”, aclara Cunningham, de Cejudhcan.
Las organizaciones prefieren omitir el dato de su financiamiento, “si damos nombres, automáticamente van tras ese organismo o persona y lo amenazan o presionan para que retire el apoyo”, asegura Cunningham.
PROTEGIDOS EN PAPEL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 12 comunidades miskitas del Caribe Norte, cuyos pueblos han sido afectados por la violencia provocada con la invasión de colonos a sus territorios.
Desde octubre de 2015, cuando la CIDH extendió las medidas a las primeras comunidades, ni el Gobierno territorial ni el Central ni la Policía ni el Ejército de Nicaragua se han presentado a investigar los casos de violencia, ni a proteger a sus habitantes.
