La política es una condición necesaria del ser humano, y a la vez, una de las prácticas más difíciles que debe enfrentar. Es por ello, y debido a su intrínseca complejidad, que el respeto de los valores y principios que la fundamentan y la observación de los límites que estos establecen al definir su campo de acción, devienen una exigencia de obligado cumplimiento para hacer tolerable su práctica y posible la coexistencia social.
Pese a la deformación a la que se encuentra expuesta debido a los comportamientos en relación al poder, el origen de la civilización, de la filosofía y del mismo ser humano, se encuentra estrechamente ligado al concepto y práctica de la política, al extremo que Aristóteles dice que “el hombre es un animal político”, el famoso “zoon politikon”, estableciendo así a la política como la condición que confiere al sujeto la esencia humana que lo diferencia de los demás seres biológicos de la naturaleza.
En ese sentido la definición de Aristóteles que dice que “el hombre es un animal político” y aquella en que señala que “el bien en política es la justicia, esto es la utilidad general”, de donde deriva la idea de la política como “el arte del bien común”, son, al día de hoy, referencias necesarias a la filosofía y a las ciencias políticas.
A partir de esa consideración se establece como indisociable la relación entre ética y política, afirmación esta que posiblemente hará sonreír a quien lea o escuche tal consideración. Pero en realidad, si analizamos su sentido más profundo, aquel que le confirieron los filósofos de la Escuela de Atenas, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos damos cuenta que el ethos (la ética) es de naturaleza social, porque sociales son los valores y principios que lo conforman, por lo que la sociedad (la polis) no puede existir como sociedad si carece de esos componentes sociales que constituyen su propio ser y esencia. Por esta razón se podría afirmar que no hay polis sin ethos (no hay política sin ética); e igualmente habría que decir que siendo el ethos (la ética), el sistema de valores y principios sociales, este no podría sustentar su carácter social sin la sociedad (la polis), por lo que también tendría que afirmarse la inexistencia del ethos sin la polis, es decir, la inexistencia de la ética sin la política.
Es claro que la práctica es lejana y contradictoria del concepto filosófico, pero este, en tanto teoría, mantiene su vigencia en la medida en que afirma los objetivos y fines del quehacer político y señala las transgresiones a la naturaleza del mismo, al tiempo que plantea las exigencias filosóficas, jurídicas, políticas y éticas, para restablecer la coherencia entre la finalidad de la política y su práctica concreta.
En Nicaragua se está llegando, si no se ha llegado ya, a una situación de destrucción de la práctica política y del concepto mismo en que se sustenta. Esta situación puede llevar a la crisis, a la confrontación y a la abolición de los referentes éticos, jurídicos y políticos necesarios para la existencia de una sociedad.
Bastaría con repasar una serie de actuaciones del poder para confirmar tal consideración, pues efectivamente, se puede constatar la violación frecuente de la ley; la adaptación de las leyes a los actos ilegales que las han transgredido; la virtual (aunque no virtuosa) eliminación de la oposición dejando solamente una apariencia de ella; la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional; el control de todos los poderes del Estado, y muchas otras situaciones a las que podría hacerse referencia, que han deformado el quehacer político en un modo arbitrario y absoluto del ejercicio del poder.
Fácilmente podemos advertir que esta práctica es una confirmación del autoritarismo y la dictadura, pero no una confirmación de la actuación política en el sentido en que esta debe ser entendida.
La crisis que se vive en Nicaragua es de ruptura entre el poder y los valores y principios de la política, pero también es una ruptura entre la sociedad y lo que se pretende sea el ejercicio de la política. Dicho en términos más precisos, se vive una ruptura entre sociedad y política, la que desnaturaliza la práctica de ambas. A esta situación de facto habría que agregar la distancia entre la realidad social y la estructura institucional, la que debería adecuarse a los cambios y necesidades que se han dado y siguen dándose en la sociedad nicaragüense.
Aunque el problema principal no es tanto del sistema jurídico e institucional en sí, sino del abuso del poder en la aplicación de la ley, debe, no obstante, tenerse en cuenta el desajuste entre el sistema en general y los requerimientos de la sociedad.
El aparato político y jurídico cambia de acuerdo a las exigencias del poder y no de acuerdo a las necesidades de la sociedad. El Estado y el Derecho vistos como sistemas institucionales, van en sentido diferente a los requerimientos de la realidad social. Esto explica en parte la sensación de la poca utilidad de la política y de la insuficiencia de las instituciones ante las exigencias del momento que se vive en el país.
¿Cómo adecuar la política y las instituciones a las transformaciones sociales y axiológicas y a las necesidades concretas de nuestra sociedad?
¿Cómo hacer que la política y el sistema jurídico respondan a los requerimientos de la sociedad más que a la idea y la práctica orientadas a la construcción de un poder absoluto?
Es ante esos y otros desafíos que debe reconstruirse el concepto y naturaleza de la política a fin de procurar en forma creativa e inteligente dar nuevas respuestas a viejas preguntas, y sobre todo, nuevas respuestas a nuevas preguntas.
Por eso el reto de hacer política hoy en nuestro país, es el reto de hacerla restaurando sus numerosas fracturas, y sobre todo, reconociendo en ella su finalidad y trascendencia orientada al bien común y al respeto a la participación de todos en la consolidación de esos objetivos y fines. Esto significa de previo trascender la idea y la práctica de la política entendida como el arte del poder por el poder.
La democracia es una creación de la política, de la imaginación, observación e inteligencia del ser humano, no una formulación demagógica para justificar la concentración y perpetuidad del poder y tratar de legitimar las acciones violatorias de la ley, de la voluntad general y de los principios y valores fundamentales que definen la ética política en nuestro tiempo y circunstancia.
En este sentido, podría decirse que la crisis de la política es sobre todo una crisis ética, desde el momento mismo que sus principios fundamentales vienen subordinados al poder, lo que hace urgente la recuperación de su verdadero sentido, a partir del respeto a los diferentes puntos de vista y sobre todo de la garantía de los derechos fundamentales de la persona, los grupos sociales y los partidos políticos. La participación de la ciudadanía en la vida política, social y económica es una condición necesaria en la construcción de la sociedad libre y democrática que necesita y desea Nicaragua.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
