Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron este jueves la apertura, a partir del próximo sábado, “ordenada, controlada y gradual” de la extensa frontera entre ambos países, cerrada desde hace casi un año por decisión de Caracas.
Maduro ordenó el cierre de la frontera el 19 de agosto de 2015 tras un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana, que dejó tres heridos. En ese entonces también declaró el estado de excepción.
Inicialmente fue clausurado el paso por Táchira (oeste), pero la medida se extendió luego a otros estados fronterizos.
El cierre de la frontera crispó las relaciones bilaterales, tras la deportación y éxodo de miles de colombianos por parte de las autoridades del país vecino.
Según cifras de Naciones Unidas citadas en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 21 de agosto al 9 de septiembre de 2015 un total de 1,482 colombianos indocumentados fueron deportados, mientras que 19.952 retornaron por miedo a ser expulsados.
DISCRIMINADOS
También salieron debido a que, por su condición migratoria, ya nos les vendían alimentos y sufrían “discriminación y persecución” por parte de autoridades, de acuerdo con el reporte.
La CIDH denunció en esa oportunidad una crisis humanitaria y violaciones de derechos de los deportados, lo que fue rechazado por Caracas.
El pasado 5 de julio, unas 500 venezolanas forzaron el cruce de la frontera para comprar alimentos y productos básicos, en grave escasez en su país.
Tras ese episodio, el gobierno autorizó el paso tres veces más, lo cual fue aprovechado por decenas de miles de personas para aprovisionarse, especialmente en Cúcuta.
La patronal Fedecámaras asegura que el cierre de los corredores limítrofes ocasionó la quiebra de muchos comercios venezolanos fronterizos, con la pérdida de al menos 15,000 empleos.
