La ciudad de Río de Janeiro continuó este 22 de julio en calma y sin aparentes cambios un día después de la polémica generada por la detención de diez sospechosos brasileños de planear un atentado terrorista durante los Juegos.
Los puntos más concurridos de la ciudad, como la emblemática playa de Copacabana, la Praa Mauá o el aeropuerto internacional Tom Jobim, continuaron con la misma cantidad de turistas que cualquier otro día.
Las autoridades presentes en dichos lugares se reducían a cuerpos de policía municipal, civil y policía militar, así como agentes de la secretaría de Derechos Humanos, las mismas que patrullan las calles desde hace semanas como parte del proyecto «Seguridad Presente».
Estos comandos, divididos entre las regiones de Río de Janeiro de Flamengo, de la Lagoa de Rodrigo Freitas, Lapa, Meier y Centro, pretenden asegurar la seguridad pública y ayudar en caso de encontrar a personas con necesidad de asistencia social.
Solo en el centro, cerca de 500 policías patrullarán las calles del núcleo urbano de Río durante los Juegos, que serán acompañados paralelamente por militares para lidiar con la ingente llegada de turistas.
Las otras patrullas, instauradas desde hace poco menos de dos años, dispondrán de ayudas similares durante los Olímpicos y Paralímpicos.
Este proyecto, que ganará importancia durante el evento deportivo, será mantenido una vez acaben los Juegos dado los beneficios que genera en los barrios donde ha sido instalado, según destacaron algunos agentes.
Otro cambio experimentado en la ciudad ha sido en la puerta de desembarques internacionales, que ha aumentado su tamaño para preparar la llegada de los primeros deportistas olímpicos el 24 de julio.
Mientras los turistas continuaban disfrutando de la «Ciudad Maravillosa», la Policía Federal de Brasil transfirió este viernes a una cárcel de máxima seguridad a los diez alegados simpatizantes del Estado Islámico (EI).
La Policía arrestó a los sospechosos el jueves, por orden judicial, en una operación desarrollada de forma simultánea en diez estados del país.
Según las investigaciones, los sospechosos integraban una célula aficionada y desorganizada que sólo mantuvo contactos a través de servicios de mensajería por internet.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, informó que algunos de los detenidos juraron lealtad al Estado Islámico mediante un ritual previsto en internet, pero que al parecer ninguno tuvo contactos directos con esa organización.
La prisión preventiva en casos de sospecha de terrorismo es de 30 días, prorrogables otros 30 días.
