El comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sobre “los últimos acontecimientos que lamentablemente han creado en muchos una situación de inseguridad y de confrontación, que podrían debilitar la credibilidad y competitividad de las próximas elecciones en noviembre favoreciendo el aumento de la indiferencia y el abstencionismo en la población”, ha confirmado que los obispos no le fallan a los nicaragüenses.
Los “últimos acontecimientos” a los que se refiere la Conferencia Episcopal en su comunicado del martes 14 de junio, son, por una parte, la autoritaria declaración de Daniel Ortega de que no permitirá la observación electoral internacional en los comicios del 6 de noviembre, y, por otro lado, la exclusión de la oposición mediante una resolución judicial que ha dejado sin derecho de participación en las elecciones a la Coalición Nacional por la Democracia.
No fallan los obispos, porque ante la incertidumbre causada por la radicalización política del orteguismo, ellos plantean la valoración católica de la democracia —contenida en la encíclica Centesimus Annus que citan en su comunicado— como el sistema “que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.
Tampoco fallan los obispos, al poner en claro con su lúcida comprensión de la realidad actual y de la historia política de Nicaragua, el por qué de la prohibición de la observación electoral nacional e internacional y de la exclusión de la alternativa opositora.
En efecto, los obispos descubren que detrás de esas medidas arbitrarias se oculta el “intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos”, lo cual, advierten, “es nocivo para el país, desde el punto de vista social, económico y político”. Y proclaman los pastores de la Iglesia católica el concepto democrático esencial de que “es posible vivir en armonía y tolerancia aún en medio de una sana diversidad social y política que enriquezca en todos los ámbitos a la nación”.
A los nicaragüenses, que han sido obligados a soportar varias dictaduras, la última de ellas hace apenas tres décadas, a las que han tenido que derrotar con muchos esfuerzos y dolorosos sacrificios, no se les puede ni debe engañar de nuevo con promesas populistas, ni intimidar con las amenazas de un caudillo trasnochado. Lo que necesita Nicaragua, como dicen los obispos, es que el Gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil, los gremios de intereses económicos y todos los nicaragüenses, trabajen “por la construcción de un país fundado en la democracia representativa y el pluralismo ideológico”. Para lo cual es indispensable que haya “un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular… abierto a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”.
La posición de los obispos ha sido diáfana. Ojalá que el gobernante fuera capaz de entenderla y atenderla.
