La Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) emitió un comunicado indicando que hasta que haya concluido un análisis de la propuesta de Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), tendrán una posición sobre el efecto que la misma tendrá en el sector minero.
“Actualmente, los socios de la cámara analizan la iniciativa con el propósito de entender su alcance”, indicó Caminic en el comunicado.
La propuesta de ley, enviada por el presidente inconstitucional, Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, establece que como requisito para que el Estado entregue las concesiones mineras, las empresas privadas deberán entregar el diez por ciento de sus acciones a Eniminas.
La nueva empresa estatal que se creará será parte rectora del sector minero con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero a la vez podrá operar en actividades como la exploración y explotación de yacimientos de minerales.
“Caminic espera que el proceso de discusión y aprobación de esta iniciativa cuente con la consulta previa de la industria, conforme la dinámica de consenso en el ámbito económico que se ha desarrollado positivamente entre el sector privado y el Poder Ejecutivo”, indicó la Cámara.
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El análisis de lo propuesto por Ortega lo hace Caminic con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), según el comunicado.
PROPUESTA DE LEY ENVIADA A CONSULTA
La propuesta de la Ley Creadora de Eniminas fue remitida por el plenario de la Asamblea, este martes, a la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos para su consulta y posterior dictamen.
Jenny Martínez, diputada sandinistas y presidenta de la Comisión de Infraestructura, prometió que los empresarios serán escuchados, pero defendió el derecho del Gobierno de tener mayor incidencia en el sector.
“El objeto es poder crear una empresa, basado en la Constitución Política de la República de Nicaragua, donde establece que el Estado es dueño de los recursos naturales y por lo tanto es deber del Estado poder preservar, darle un mejor manejo a los recurso”, dijo Martínez.
Los legisladores por el Partido Liberal Independiente (PLI), Eliseo Núñez y Carlos Langrand, insistieron en que con Eniminas el Gobierno provoca una incertidumbre en el sector minero porque habrá un cambio de las reglas.
Núñez afirmó que obligar a dar el diez por ciento de las acciones a las empresas privadas “es un impuesto disfrazado”.
RIESGO A EXPLOTAR ZONAS PROTEGIDAS
Carlos Langrand, diputado opositor, planteó que el Gobierno a través de la nueve empresa estatal Eniminas, lo que busca es poder entregar concesiones de exploración y explotación minera en zonas protegidas.
“Nos arriesgamos a que el Estado haga caso omiso a las legislaciones y normas de protección a las zonas de recursos naturales vulnerables”, dijo Langrand.
