La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, obediente a la consigna de Daniel Ortega y el FSLN, falló en el litigio del Partido Liberal Independiente (PLI) a favor de la facción que representa el periodista y abogado Pedro Reyes Vallejos. Eduardo Montealegre, presidente del PLI que hasta ahora era reconocido legalmente por el Consejo Supremo Electoral (CSE) —y quien en las elecciones nacionales de 2011 se acreditó como la segunda fuerza política oficial del país—, ha sido despojado de su representación política y legal, igual que hace unos años también le fue arrebatada la de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Jurídicamente y visto el caso desde una perspectiva democrática del derecho, la resolución judicial contra el PLI que lidera Montealegre debería tener graves consecuencias, pues si este no tenía la legalidad —como viene a decir ahora la sala constitucional del poder judicial orteguista—, todos los actos legales en los que ha participado dicho partido desde enero de 2012, sobre todo en la Asamblea Nacional, estarían viciados de nulidad. Sin embargo esto es irrelevante para Ortega y su partido, cuya concepción totalitaria del ejercicio del poder se basa en que la fuerza predomina sobre la razón y lo político prevalece sobre lo jurídico, siempre que así sea necesario y convenga a los intereses estratégicos y tácticos del partido y del dictador.
Con el fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (que para estos casos actúa como si fuera una oficina de asuntos jurídicos de Daniel Ortega y el FSLN), se ve claro que el objetivo del orteguismo es dejar a la ciudadanía opositora sin opción creíble para ir a votar en las elecciones del 6 de noviembre de este año. Apenas el domingo pasado, el PLI que encabeza la Coalición Nacional por la Democracia (CND) proclamó la candidatura presidencial vicepresidencial de Luis Callejas y Violeta Granera Padilla, la que la resolución judicial de Daniel Ortega pretende dejar en el aire.
Ortega quiere obligar a los ciudadanos opositores a votar por sus compinches, aliados y acomodados al sistema. Con esto el dictador está demostrando que teme a la competencia política y a la oposición real, que no cree en las encuestas que lo declaran como el gran favorito porque igual lo declararon en 1990 pero a la hora de la elección la mayor parte de los ciudadanos votó contra él.
Pero además, Daniel Ortega no es y no ha sido nunca un político demócrata y ahora está terminando de quitarse la máscara, para comenzar a gobernar sin permitir ninguna oposición real.
La oposición debe luchar palmo a palmo por defender los pocos espacios democráticos que están quedando en Nicaragua, y ante todo su derecho de participar en las elecciones. Solo si se agotan todas las posibilidades electorales habría que proclamar que, por ahora, no hay por quién votar, como se hizo en 1974 durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.
