La Asamblea Nacional, que no es un poder del Estado independiente sino que está sometida al gobierno de Daniel Ortega, aprobó una resolución sobre Brasil que constituye una intromisión en los asuntos internos de ese gran país suramericano.
La resolución califica como “viciada, anómala y fraudulenta”, la decisión del poder legislativo de Brasil de suspender temporalmente a la presidenta Dilma Rousseff en el ejercicio de sus funciones presidenciales, mientras se le somete a un juicio político en el Senado bajo la acusación de delitos contra la transparencia fiscal. Lo cual está previsto en la Constitución de Brasil y el poder legislativo de ese país simplemente lo está aplicando por considerarlo meritorio e indispensable.
Como es bien sabido, la presidenta Rousseff no ha sido destituida de su cargo. Solo está suspendida en sus funciones hasta que el Senado compruebe si es culpable de los delitos que se le imputan, o ella demuestra su inocencia por falta de pruebas de sus acusadores.
Los orteguistas en Nicaragua (igual que los populistas de izquierda en todos los países donde detentan el poder), claman por la no intervención cuando organismos y personeros de gobiernos de otros países opinan sobre los abusos contra el sistema democrático y los derechos humanos que ellos cometen en el país. Sin embargo se entrometen descaradamente en los asuntos internos de Brasil, porque las autoridades de este país realizan un juicio político a la presidenta conforme a lo que manda su Constitución y asegurando a la acusada todas las garantías del derecho al debido proceso.
La bancada parlamentaria del Partido Liberal Independiente (PLI) se opuso a la resolución injerencista del régimen orteguista contra Brasil. Pero de manera inútil, porque la aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional no atiende razones e inclusive en casos como este le niega o coarta a los diputados de la oposición el elemental derecho parlamentario de hablar, por lo cual una diputada opositora se amordazó durante la aprobación de la declaración antibrasileña.
Todas las dictaduras y gobiernos autoritarios levantan la bandera de la no intervención en los asuntos internos de otros países, para que nadie critique sus atropellos contra la democracia y los derechos civiles y humanos de sus ciudadanos, en nuestro caso de los nicaragüenses. Pero es una inmensa hipocresía política de tales regímenes, pues mientras ellos rechazan hasta la más ligera crítica externa por considerarla como injerencia extranjera, se arrogan el derecho de intervenir en los asuntos internos de otros países ya sea por ideológica o cuando así conviene a sus intereses políticos.
Tal es el caso de la resolución contra Brasil que dictó esta semana la Asamblea Nacional, con el consecuente rechazo de la bancada opositora. Rechazo que como desagravio debería de ser comunicado oficialmente al Senado y la Cámara de Diputados de Brasil, para que quede la constancia de que no todos los legisladores de Nicaragua son injerencistas y antidemocráticos.
