La presidenta de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Aurora Gurdián, demandó durante la presentación del primer informe de dicha institución sobre Coyuntura Económica 2016, el lunes pasado, transparencia en las elecciones del próximo mes de noviembre para que “cumplan a cabalidad su función”.
Gurdián expresó que “es indispensable que (las elecciones) sean organizadas por un órgano rector del proceso que sea competente, neutral, que se sujete a la ley y que asegure que la decisión popular en las votaciones será aceptada, protegida y respetada”. Y recordó la presidenta de Funides, que “parte de la sociedad civil ha solicitado por ello, entre otros, la recomposición del Consejo (Supremo Electoral) y la supervisión del proceso por observadores internacionales de indiscutible objetividad”.
Ciertamente, la transparencia electoral ha sido una demanda consistente de la Iglesia católica y otras iglesias cristianas, los partidos y movimientos políticos democráticos, la empresa privada, diversas representaciones de la sociedad civil, organizaciones laborales, e inclusive más del ochenta por ciento de las personas que son consultadas en las encuestas, que a pesar de que en su gran mayoría se identifican como simpatizantes del Gobierno quieren que las elecciones sean avaladas por la observación electoral internacional; pero no por grupos de amigos del Gobierno y los magistrados del Consejo Supremo Electoral, sino por observadores auténticos, independientes y confiables.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido todo lo contrario de lo que demanda la sociedad nicaragüense. Ayer mismo, uno de los dirigentes de la Coalición Nacional por la Democracia que encabeza el Partido Liberal Independiente (PLI), José Pallais, denunció que el CSE “pretende garantizarle al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el control total de la estructura electoral”.
Sobre el principal partido de oposición que es el PLI, pende la grave amenaza de que el poder judicial orteguista le quite la personalidad jurídica para dársela a disidentes afines al Gobierno. Esto dejaría a la oposición prácticamente sin la representación que le corresponde por ley en las estructuras electorales y el FSLN tendría el control absoluto de las elecciones de noviembre próximo.
Al parecer la estrategia del orteguismo apunta a motivar la abstención electoral de la verdadera oposición y sobre todo de los ciudadanos que se identifican como independientes. Así el régimen no pagaría el costo de realizar otro fraude electoral tan escandaloso como los que perpetró en las elecciones municipales de 2008 y las nacionales de 2011.
Los nicaragüenses conquistaron el derecho de votar y elegir pagando un precio muy elevado y no deberían permitir que se los vuelvan a arrebatar.
