Sin incidentes de ninguna clase pero con una participación multitudinaria, el viernes de la semana pasada se realizó, en la ciudad de Nueva Guinea, la cuarta marcha nacional de los campesinos que se oponen a la construcción del Canal Interoceánico chino en Nicaragua.
Esta vez el régimen orteguista no ordenó a la Policía reprimir a los campesinos y personas de otros sectores que llegaron a apoyarlos, como lo hizo en octubre del año pasado, cuando las fuerzas represivas trataron de impedir por medio de la fuerza la marcha anterior contra el Canal y agredieron físicamente a grupos de marchistas en Managua.
Daniel Ortega tuvo que pagar un costo político por aquella desmesurada represión que ordenó contra los campesinos opuestos al Canal. Lo pagó sobre todo a nivel internacional, donde no se comprende por qué se reprime, de tal manera, a un movimiento social que cuestiona legítimamente un gigantesco proyecto chino de infraestructura que podría causar catastróficos daños al medioambiente de Nicaragua, con probable impacto en la vecina Costa Rica.
La aparatosa represión contra la marcha campesina nacional de octubre del año pasado, fue denunciada por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y de protección del medioambiente. Y en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos en el mundo, correspondiente a este año, aquella represión orteguista ocupó un lugar destacado.
De manera que seguramente fue por eso que el prestigioso organismo internacional de derechos humanos denominado Amnistía Internacional (AI), mediante una declaración pública emitida el 21 de abril, un día antes de la marcha campesina nacional de Nueva Guinea, “demandó al Estado de Nicaragua y sus autoridades garantizar la seguridad e integridad de las comunidades que manifiestan sus preocupaciones frente al proyecto de construcción del Canal Interoceánico”, según reportó el diario LA PRENSA en su edición digital.
El derecho de manifestación pública pacífica es una condición fundamental de la democracia y de la convivencia pacífica en cualquier parte del mundo. Bajo ese principio, los campesinos de la ruta por donde supuestamente pasará el Canal Interoceánico tienen derecho de realizar sus manifestaciones públicas, que son no solo para defender sus tierras sino también la soberanía nacional y el medioambiente.
Y es con ese mismo derecho que demandan la derogación de la Ley del Canal, considerada por juristas e historiadores nicaragüenses peor que el Tratado Chamorro Bryan que durante mucho tiempo fue la mayor vergüenza nacional.
