El Gobierno en representación del Estado de Nicaragua tiene 15 días para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la implementación de las medidas cautelares acordadas a favor del matrimonio de Carlos Bonilla y Gabriela García. Y también debe actualizar la información en forma periódica.
La propuesta de medidas cautelares fue presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) luego que ambos activistas políticos fueron víctimas de un ataque el pasado 26 de febrero cuando se dirigían al Consejo Supremo Electoral (CSE).
“Espero que cumplan las medidas cautelares, yo quiero ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz como cualquier ciudadano independientemente de la ideología política que tengamos»”, señaló entre sollozos García.
Tras analizar el caso relativo al matrimonio Bonilla García, la CIDH considera que ambos se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que su vida e integridad personal están amenazadas y en riesgo”, dice en su informe.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, estimó que a raíz de estas medidas el Gobierno está obligado también a informar sobre los avances de las investigaciones alrededor del ataque del cual fue víctima el matrimonio. Bonilla, quien es el coordinador del Movimiento Democrático Nicaragüense, reiteró que la Policía aún guarda silencio sobre las investigaciones.
ANTECEDENTES
Para otorgar las medidas cautelares la CIDH tomó en cuenta el antecedente de que en 2012, García fue desalojada de manera violenta por trabajadores de la Alcaldía de Managua, cuando a modo de protesta acampaba junto a otras personas frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral.
La CIDH solicita al Gobierno concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
Gabriela García pide justicia. @laprensa pic.twitter.com/xBaWqXXB4r
— Elizabeth Romero (@Eliz_Romero) 4 de abril de 2016
