El juez de Distrito de Familia de Jinotepe, Carlos Antonio Espinoza, anunció que se pronunciará este viernes 18 de marzo, a las 11:00 de la mañana, en el polémico caso de la niña Freydell Monserrat Castillo Cruz, separada de su familia por funcionarios del Ministerio de la Familia (Mifamilia).
La menor de 16 meses fue dada en adopción por Mifamilia a una pareja española en diciembre de 2015, supuestamente porque sus padres, Elva María Cruz y Marlon Rafael Castillo Cruz, la habían dejado en abandono.
En la segunda audiencia de juicio, que se dio ayer jueves a puertas cerradas, según el abogado de la parte demandada, Edgar Armando Aráuz, los testigos de Mifamilia, todos ellos funcionarios de la institución, insistieron siempre en que el juez Espinoza debe decretar el estado de total abandono de la niña para continuar con el proceso de adopción a padres extranjeros.
“Nosotros presentamos elementos de convicción que son contundentes y suficientes para desacreditar la pretensión del Ministerio de la Familia”, dijo Aráuz.
Dentro de los testigos de la familia afectada pasaron a declarar la señora Ana Francisca Gómez, abuela materna de Freydell, y sus padres biológicos Elva y Marlon, quienes explicaron su situación en cuanto a la custodia de la niña.
Aráuz manifestó que el padre de Freydell fue siempre responsable con su hija y que la mamá, por la pobreza en que vivía, tenía que viajar hacia Estelí para trabajar como asistente del hogar en una casa particular, de lo que lograba obtener el dinero para sostener a la niña.
Lea también: Lo despiden por reclamar a su nieta
INVESTIGACIÓN DE OFICINA
El defensor explicó que Mifamilia presentó a todo su equipo de trabajo como testigos y a una única persona particular, a la señora Ana Cristian Galeano, quien supuestamente puso la denuncia por maltrato y abandono de la niña.
“En el interrogatorio se pudieron apreciar las inconsistencias de Mifamilia y una de ellas es que el estudio social del caso se hizo en las oficinas de Mifamilia”, señaló Aráuz, quien observó que el estudio debió haberse levantado en la comunidad de Colocondo, en San Juan de Limay, Estelí, donde se tenía que entrevistar a los vecinos de la demandada y así obtener información directa del caso.
HICIERON “CAMINAR” A LA NIÑA
Otra inconsistencia que detectó la defensa es que un testigo de nombre Carlos, de Mifamilia, asegura que encontró a Freydell caminando en casa de una señora identificada como Dominga, pero otra testigo que intervino en el juicio señaló que la niña no caminaba debido a su edad.
“El fallo justo es que el juez debe resolver de una manera imparcial y que devuelva a la niña a su legítima madre, que ha estado en todo momento reclamando la tutela de su hija”, refirió Aráuz.
Por su parte, el abuelo paterno de Freydell, Marlon Castillo, dijo que ellos tienen un mal presentimiento y temen que el juez falle a favor de Mifamilia, pero advirtió que estarán preparados ante cualquier decisión, ya que de ser un fallo adverso, lo apelarán. Castillo, exasesor legal de Enacal, manifestó que el temor de la familia es porque dudan de la autonomía e independencia del juez, “pero simplemente es una percepción”.
Lea también: Más denuncias de adopción irregular en Nicaragua
A PUERTAS CERRADAS
En la audiencia no se permitió el acceso a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quienes llegaron para apoyar a la madre de la niña.
“Como organismo de Derechos Humanos consideramos que hay un hermetismo por parte del poder judicial en este caso, porque la causa la está tramitando (el juez) prácticamente a puertas cerradas, cuando las audiencias son orales y públicas”, dijo Marjorie Rodríguez, abogada del Cenidh.
Las audiencias son privadas solamente cuando se pone en peligro la vida del menor o cuando se pide discreción de parte de los familiares, indicó Rodríguez.
LA PRENSA quiso entrevistar a los funcionarios de Mifamilia, pero evitaron todo el tiempo dar la cara.
DURA CRÍTICA A MIFAMILIA
El caso de la pequeña Freydell evidencia, a criterio de la defensa y de los trabajadores de los Derechos Humanos, una grave perversión del sistema de Justicia nicaragüense, por cuanto el ente encargado de velar por las familias, Mifamilia, ha recurrido a oscuras y sospechosas acciones para alejar a la madre de la niña e insistir en otorgar a la menor a una pareja de españoles, sin considerar el reclamo de dos familias que piden que la menor sea reintegrada al seno de esta, de donde fue sustraída. El abogado Gonzalo Carrión, del Cenidh, dice que el ministerio en cuestión en vez de apoyar a las familias a mejorar sus condiciones económicas, se aprovecha de su pobreza para quitarle a sus hijos e hijas.
