El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dominado por la dictadura chavista, le ha arrebatado a la Asamblea Nacional de ese país prácticamente todas sus atribuciones principales.
La anulación de funciones de la Asamblea Nacional comenzó desde que la oposición ganó la elección parlamentaria del 6 de diciembre pasado y esta semana el poder judicial chavista le ha arrebatado la atribución constitucional de ejercer control sobre los otros poderes públicos. El tribunal chavista tomó esta decisión cuando la Asamblea, de acuerdo con la facultad que le da el artículo 265 de la Constitución, se preparaba para destituir a 13 magistrados propietarios del Tribunal Supremo, y 21 suplentes, que fueron designados ilegalmente por los diputados oficialistas.
“Guerra de poderes” se le ha llamado al arrebatamiento de las funciones de los diputados por parte del ejecutivo, pero en realidad es un golpe de Estado contra el poder legislativo.
Cuando Nicolás Maduro reconoció la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, muchos lo elogiaron por su supuesta madurez gubernamental. Olvidaron que en diciembre de 2007, el difunto dictador Hugo Chávez también reconoció el resultado del referendo que rechazó una reforma constitucional que le permitiría volver a reelegirse, pero de todas maneras más adelante impuso su reelección.
En la misma línea de amoralidad política establecida por Chávez, Maduro también reconoció verbalmente la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, pero inmediatamente después comenzó a desconocerla de hecho, mediante una serie de triquiñuelas políticas, incluyendo el nombramiento ilegal de más de treinta magistrados en el tribunal supremo que comenzó a anular las decisiones de la Asamblea Nacional.
Como van las cosas no sería extraño que el régimen chavista le suspenda incluso el financiamiento a la Asamblea Nacional, por medio de alguna espuria resolución judicial que declare inoperantes a los diputados; y que la legislación sea convertida en una farsa a cargo del llamado “parlamento comunal”, un organismo de facto integrado por activistas chavistas que también fue instalado después que el oficialismo perdió las elecciones parlamentarias.
Para la oposición es prácticamente imposible revertir las acciones del régimen que le están arrebatando a la Asamblea Nacional sus atribuciones constitucionales, porque no hay en Venezuela ninguna instancia a la que se pueda recurrir legalmente. Al parecer Maduro está provocando a las fuerzas opositoras para que hagan uso de formas de lucha extralegales y tener pretexto para cerrar los pocos espacios democráticos que todavía quedan.
Pero la oposición venezolana ha demostrado tener suficiente inteligencia para no caer en la trampa de las provocaciones del régimen y tomar las decisiones más convenientes para seguir la lucha por la democracia. De todas maneras Maduro no va a resolver la crisis de Venezuela con esas medidas. Su desaparición es inminente. La crisis solo se podría resolver con el cambio de gobierno, como paso inicial para cambiar el sistema.
