Tal como lo esperábamos, la Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista confirmó el nombramiento de las dos nuevas magistradas electorales designadas por Daniel Ortega.
En algunos sectores se tenía la esperanza en que al forzar dos vacantes en el Consejo Supremo Electoral (CSE), Ortega tuviera la intención de ceder algo de su férreo y absoluto control sobre el sistema electoral, y permitir que al menos uno de los dos cargos fuera ocupado por alguien de la sociedad civil o de la oposición.
Pensaban que, habiendo un clamor nacional por elecciones transparentes y estando pendientes los señalamientos que hizo la observación electoral internacional en elecciones pasadas, de que es necesario hacer reformas al sistema electoral, Daniel Ortega podría ser un poco razonable y cederle a la oposición o la sociedad civil una de las diez magistraturas electorales.
Nosotros no teníamos esa expectativa. Cada vez que nos referimos a ese asunto expresamos nuestra opinión de que Daniel Ortega solo cede cuando es sometido a una fuerte presión y que ese no es el caso en la actualidad. Eso es lo que enseña la historia. En los años ochenta Daniel Ortega solo cedió ante la Contra y la oposición cívica de Nicaragua, cuando ya no pudo soportar más la presión de la guerra, del desastre de su política económica estatista, de la resistencia de los jóvenes y sus familias a seguir tolerando el Servicio Militar obligatorio, etc.
En el concepto político de Daniel Ortega el poder no lo debe compartir con nadie. Puede ceder una cuota de representación que no signifique ninguna amenaza para su estabilidad ni entorpezca la aprobación y ejecución de sus políticas de gobierno, pero nada más. El sistema político ideal para Ortega no es la democracia sino el poder que se ejerce de manera absolutista, sin separación ni independencia de poderes, sin fiscalización institucional ni social sobre el Gobierno, sin un poder legislativo con capacidad de controlar y poner límites al ejecutivo, sin reconocimiento real del derecho de participación de las minorías políticas y de la sociedad civil.
Por eso es que en el Estado y el Gobierno hay algunas personas que no pertenecen oficialmente al partido oficialista, pero no se les permite tener criterio propio y están total y penosamente sometidas al orteguismo.
Sin embargo hizo muy bien la oposición parlamentaria al proponer candidatos alternativos para ocupar las vacantes en el CSE y participar en la sesión de nombramiento. Con su propuesta la oposición democrática demostró que en Nicaragua hay personas capaces de ejercer esos cargos con independencia de criterio, responsabilidad y honestidad.
A pesar de los cuestionamientos de la periferia radical de la oposición, para la cual toda participación es colaboracionista y lo mejor es no hacer nada ante el poder avasallador del orteguismo, la lucha cívica no se debe abandonar mientras quede un espacio institucional en el que pueda ser planteada. Rehusar la pelea política por la democracia en los espacios mínimos que ha dejado la dictadura, sería hacerle el juego a la pretensión de Daniel Ortega de imponer un Estado monolítico y totalitario, en el cual ya no se pueda escuchar ni una sola voz disidente.
