El exprocurador Alberto Novoa coincidió este domingo con el exjuez Sergio García Quintero en que se cometieron presuntos delitos en el caso del préstamo de 1.2 millones de dólares que el consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aprobó en febrero de 2012 a la constructora desconocida Teleconstrucciones Guillén, S.A.
Los fondos fueron autorizados para la edificación de un condominio de apartamentos de lujo, una obra ubicada en el centro de Managua en la que resultó “subcontratada” Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (Dinsa), representada por Alfonso Silva, miembro del consejo directivo del INSS a propuesta del sector privado desde 2009, y parte de la junta que aprobó el crédito.
“Como ciudadano yo sufro las penurias que sufrimos todos los asegurados; que pasamos largas horas esperando que se nos atienda en una clínica previsional, cuando nos niegan las pastillas y el medicamento que es apropiado para nuestra enfermedad y miramos que nuestros fondos, que por años hemos cotizado, se invierten en negocios privados y palacetes”, rechazó Novoa.
El exprocurador (2004-2007) calificó el préstamo como “una malversación a la ciudadanía” y explicó que la bisagra del negocio la constituye el tráfico de influencias. “Es cuando el superior influye en el inferior jerárquico para que realice actos en detrimento de la función, del patrimonio. El señor Alfonso Silva no se manda solo. ¿Qué tráfico de influencias hubo ahí? ¿Qué connotación económica o política? Tuvo que haber sido suficientemente fuerte para producir este resultado”.
ANÁLISIS PASO A PASO
El jurista reconoció posibles delitos desde la creación de la sociedad Teleconstrucciones Guillén, debido a que el supuesto socio mayoritario, el güirisero Santos Guillén, rechazó haber participado en la constitución de la misma.
Novoa dijo que los delitos de falsedad y contra la fe pública notarial estarían presentes en esta historia y explicó que el notario sería responsable. La otra cara es la de los funcionarios públicos que participaron en la aprobación del crédito y para los cuales la ley también fija obligaciones.
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En ese sentido, mencionó a los miembros de la junta directiva, al comité de crédito en el INSS que lo aprobó, a los fiscalizadores internos del Seguro, quienes para él no tuvieron la diligencia de cerciorarse de la veracidad del documento de constitución de Teleconstrucciones Guillén, S.A., así como de la operación en general.
Novoa agregó que hay una violación a la ley de probidad, dado que la ley obliga a los funcionarios a no beneficiarse de sus funciones. El jurista analizó la situación del directivo del sector privado en el INSS, Alfonso Silva.
DEBERES DEL FUNCIONARIO
“No puede desligarse nunca la representación del señor Silva de la estructura de la junta directiva del INSS, ni de las funciones de ellos en esa estructura, por lo tanto él también es un funcionario público, responde como funcionario y no como representante gremial. La representación gremial lo llevó a la función pública. Cualquier delito, o acción que este señor realice, debe estar dentro de la función pública”, explicó Novoa.
Además explicó el concepto de malversación y fraude. Según él, el primer delito habría ocurrido cuando el funcionario le da un giro distinto al destino establecido de los fondos y recuerda que en este préstamo el dinero del INSS debió ser usado para determinados fines establecidos en la ley, como vivienda de interés social, pero “no para edificios de apartamentos”.
Novoa señala también el fraude y explica que “consiste en que por medio del engaño se daña el patrimonio del Estado o permite que se dañe el patrimonio del Estado” y acá, además de Silva, destaca nuevamente la responsabilidad de la junta directiva del INSS y del comité de análisis del crédito.
GARCÍA: “FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS”
El exjuez Sergio García Quintero enfatizó en que el empréstito partiría de la falsificación de documentos públicos, lo cual constituye “un delito grave”. Hizo referencia también a Santos Guillén, el güirisero que denunció que no había participado en la constitución de Teleconstrucciones Guillén, S.A., en noviembre de 2011. La empresa fue formada tres meses y 15 días antes de la aprobación del crédito del INSS. Los desembolsos iniciaron en febrero de 2014.
“Ahí hay una responsabilidad penal”, afirmó García Quintero, quien insistió en que la Fiscalía General de la República debería estar promoviendo una causa penal sobre este caso. Opositores se pronunciaron el sábado para que tanto el ejecutivo como el legislativo realicen una investigación exhaustiva sobre los hallazgos de los reportajes de LA PRENSA publicados la semana pasada.
Aguerri no ve nada ilegal
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, prometió que la directiva de su gremio analizaría el caso y se pronunciarían institucionalmente el miércoles próximo.
En declaraciones que dio el viernes en el programa televisivo IV Poder en el Canal 100% Noticias, Aguerri descartó que hubiese ilegalidad.
“Hay que hacer el análisis, pero no he encontrado que sea ilegal. Que sea ético ese es otro tema que hay realmente que profundizar alrededor de lo que explique Alfonso (Silva). Es un tema que va hacer que revisemos a lo interno”, dijo.
El dirigente empresarial resaltó que los fondos del INSS han dinamizado el sector de construcción de viviendas.
El Sistema Financiero Nacional invertía cincuenta millones de dólares en 2009, según él. Luego de la inyección de noventa millones de dólares del Seguro, el dirigente gremial aseguró que el mercado creció.
“Hoy la cartera pasó de cincuenta millones a quinientos millones de dólares. Eso se ha traducido en que ya no tengamos proyectos solo en Managua, sino que tenemos proyectos en más de diez departamentos, y pasamos de llegar a personas de alto nivel adquisitivo y hoy estamos llegando a clase media y casas de viviendas de interés social”, añadió el presidente del Cosep. Aguerri admitió que tienen cuarenta representantes en juntas directivas del Estado.
(Con la colaboración de Wendy Álvarez).
CONTRALORA PROPONDRÁ INVESTIGACIÓN
Hasta ahora ni el INSS, ni la Contraloría General de la República, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República se han pronunciado institucionalmente.
La contralora María Dolores Alemán, hija del expresidente Arnoldo Alemán (1996-2001), dijo que no se podía pronunciar sobre el préstamo del INSS, porque solo lo hacen después de conocer los resultados de una auditoría.
Alemán, quien llegó al cargo de contralora con el beneplácito del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, aseguró que estaría dispuesta a promover el próximo viernes en el seno del Consejo de Contralores -donimado por el sandinismo- que se realice una auditoría en el INSS.
