El Gobierno Territorial Indígena Rama Kriol (GTR-K) denunciaron que desde el 8 de enero están siendo presionados por funcionarios del Gobierno de Nicaragua para firmar un documento donde darían el consentimiento libre, previo e informado para la construcción del proyecto del Canal Interoceánico y subproyectos a fines.
Según un comunicado de prensa emitido por el GTR-K , los funcionarios Michael Campbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, el delegado del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), y Rubén López, Ejecutivo del Gobierno en la RACS, son quienes han estado presionando a los líderes indígenas.
El “Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, establece que “para el uso del Área Requerida, la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua y el Gobierno Territorial Rama y Kriol suscribirán un Contrato de Arrendamiento Perpetuo en el que se definirá el canon de arrendamiento anual, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América a partir de la firma del presente Convenio de Consentimiento”.
Asimismo, el documento detalla que en total los ramas estarían dando consentimiento para la implementación del proyecto, en un área de aproximadamente 263 kilómetros cuadrados de su territorio que abarca áreas terrestres y marítimas.
Santiago Thomas de la comunidad Wirin Kay y expresidente del GTR-K, confirmó a LA PRENSA, que están siendo presionados desde hace varios días para firmar ese documento, aunque dijo estar en una asamblea y por ello no emitió más comentarios.
Según el comunicado emitido por el GTR-K “ante la negativa de las autoridades indígenas y afrodescendientes de firmar, los funcionarios planean trasladarlos a Managua hoy 10 de enero para allí hacerlos firmar”.
En reiteradas ocasiones, los líderes indígenas del GTR-K han denunciado la falta de una consulta libre, previa e informada relacionada al proyecto del Gran Canal. Incluso esta situación fue expuesta durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo de 2015.
