La falta de respuestas concretas de parte de la representación del Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refleja según Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na, “la absoluta falta de información relacionada al proyecto del Gran Canal”.
Para López Baltodano la audiencia en la CIDH representó “la primera vez en dos años que el Gobierno acepta ponerse cara a cara con nuestras organizaciones y esto que forzados a una instancia internacional, la CIDH”.
El vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, afirmó durante su ponencia que “el proyecto se ha desarrollado con una amplia información, consultas y participación a nivel nacional e internacional”, que incluso se han realizado 74 foros y asambleas de información y consultas que han incluido a la Conferencia Episcopal y a líderes de iglesias evangélicas.
No obstante, para López Baltodano eso demuestra que el Gobierno llegó a la audiencia a “tratar de encubrir los enormes vacíos del proyecto”.
Los cuestionamientos a la representación del Estado de Nicaragua fueron tantos que el comisionado Felipe González dijo estar “lleno de preguntas”. Entre los puntos de interés de la CIDH estuvieron la falta de estudios de impacto ambiental y social, la cantidad de desplazados, el proceso de consulta con los pueblos indígenas y el abuso policial contra los manifestantes.
Desde el Grupo Cocibolca la audiencia se ve como un logro porque “sienta un primer precedente”, además que “los comentarios de los comisionados confirman internacionalmente las preocupaciones y objeciones que hemos planteado a nivel nacional”, apuntó López Baltodano.
Consulta a indígenas
Durante la audiencia el pasado 16 de marzo, los comisionados de la CIDH cuestionaron al Estado de Nicaragua sobre el proceso de consulta a las comunidades indígenas que serían afectadas por el Canal.
Durante su ponencia, Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Gran Canal, afirmó que “todas las acciones y negociaciones son y serán realizadas respetando el marco legal que les rige” y que por eso en ese momento se realizaban las consultas.
Sin embargo, según Maria Luisa Acosta del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas (Calpi), lo que el Gobierno ha hecho “bajo ningún punto se puede llamar una consulta libre, previa e informada. Que aparezcan papeles firmados por la gente no cumple con el estándar internacional de promoción y protección de los derechos humanos para los pueblos indígenas”.
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