En septiembre de 2015, voces religiosas clamaron al Gobierno un plan integral para asistir a más de diez mil familias afectadas por la sequía en la zona seca del país que comprende León, Chinandega, Nueva Segovia, Madriz, partes de Matagalpa, Jinotega, Chontales y Granada. La respuesta gubernamental fue enviar un cargamento de 8,700 paquetes alimentarios a las familias, ayuda que se ha mantenido mensualmente, según los informes de la primera dama y vocera Rosario Murillo.
Aún así, a las voces religiosas se unió la sociedad civil pidiendo una respuesta integral y decretar “estado de calamidad” por la sequía.
Aunque el Gobierno ignoró totalmente estos llamados, lo que realmente llamó la atención fue cuando la Policía Nacional comenzó a impedir el ingreso de las donaciones de alimentos de parte de productores a familias que perdieron su cosecha por la sequía.
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El sociólogo Cirilo Otero, especialista en seguridad alimentaria, cree que el Gobierno se está adentrando en un campo “peligroso” con la retención de donaciones independientes, porque la gente puede disimular lo que pasa en el campo jurídico, pero cuando le tocan el bolsillo y los alimentos “la gente tiene otro tipo de reacción”, como se observó con la presión que hicieron los campesinos para que les entregaran las donaciones.
Otero valoró que el Gobierno debe sacar un aprendizaje de lo que ocurrió en el municipio de Santa María, del departamento de Nueva Segovia, donde la Policía retuvo por cuatro días la ayuda hasta que la presión de la gente hizo que cedieran.
Las autoridades querían impedir que el movimiento de campesinos que se opone al Canal Interoceánico entregara granos básicos, que ellos producen en la zona de Nueva Guinea y Río San Juan, a familias que habían perdido todas sus cosechas por la sequía.
