En el editorial del sábado pasado nos referimos a la “piñata legislativa” del régimen chavista de Venezuela, después de perder las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
El gobierno de Nicolás Maduro está “aprobando leyes y eligiendo funcionarios con el fin de bloquear las políticas que la oposición democrática venezolana pretenda implementar”, señalamos en ese editorial titulado La “piñata” del chavismo. Y mencionamos que lo mismo ocurrió en Nicaragua después que Daniel Ortega y el FSLN perdieron las elecciones del 25 de febrero de 1990.
De hecho eso ha ocurrido en casi todos los países donde había regímenes comunistas y de extrema izquierda, los cuales se derrumbaron pero los antiguos dirigentes se quedaron con importantes cuotas de poder y se apropiaron de muchas riquezas materiales que pertenecían al Estado.
Pero después de la caída del sistema de países comunistas de Europa Oriental y la extinta Unión Soviética, en América Latina y el Caribe los movimientos revolucionarios de extrema izquierda se acomodaron a la nueva situación y cambiaron su planteamiento estratégico. Ellos renunciaron a la lucha armada y decidieron aprovechar las facilidades y bondades de la democracia para tomar el poder por medio de las elecciones.
De hecho, la última experiencia de toma del poder por medio de la lucha armada fue la revolución sandinista de Nicaragua, que triunfó en julio de 1979. Forzado a permitir elecciones libres en 1990, el régimen sandinista fue derrotado por los votos populares y se vio obligado a reconocer el triunfo de sus adversarios democráticos. Pero antes de entregar el gobierno, el Frente Sandinista se garantizó mantener el control de gran parte del poder mediante una piñata de leyes, disposiciones administrativas y apropiación de cuantiosos bienes que estaban bajo la custodia y administración del Estado.
Sin embargo, con el cambio de estrategia para la toma del poder y la sustitución de la lucha armada por la participación electoral, los movimientos izquierdistas radicales de América Latina, incluyendo el FSLN de Nicaragua, no se comprometieron a respetar las instituciones democráticas ni a entregar el gobierno en caso de perder las elecciones. Algo que, justo es reconocerlo, sí han hecho los partidos de izquierda democrática, inclusive antiguos guerrilleros revolucionarios que se han democratizado, como ha ocurrido en Brasil, Chile, Uruguay y El Salvador.
Lamentablemente ese no es el caso de Venezuela y al parecer tampoco el de Nicaragua bajo el nuevo régimen autoritario de Daniel Ortega. Este más bien ha socavado las instituciones de la democracia, se niega a permitir elecciones justas y limpias y pretende detentar el poder para siempre.
Pero esto no se puede dar como definitivo. Tanto en Venezuela como en Nicaragua hay un gran potencial de cultura democrática que no existe en China, Corea del Norte o Cuba. En Venezuela lo mismo que en Nicaragua, los gobernantes autoritarios que tomaron el poder gracias al sistema democrático de elecciones libres pueden y deben ser obligados a salir del gobierno de la misma manera, si tal fuese la voluntad de la mayoría de los ciudadanos manifestada en las calles y en las urnas electorales.
