He estado siguiendo paso a paso desde el extranjero, cómo el señor Daniel Ortega, abusando una vez más de nuestras leyes, de nuestras instituciones y de la paciencia de los nicaragüenses, pretende consolidar su dictadura neofascista mediante la aprobación por la espuria Asamblea Nacional de un proyecto de Ley denominado de Seguridad Soberana.
He leído con especial atención el anteproyecto de dicha ley, cuya intención de fondo no es más que “legalizar” una situación que se ha venido dando desde que reasumió el poder el señor Ortega. Antes se llamaba a eso cesarismo, que de acuerdo con mi diccionario “es el sistema de gobierno en el cual una sola persona asume y ejerce todos los poderes públicos”. Y más recientemente lo conocemos como dictadura. Los dictadores siempre han estado obsesionados por concentrar el poder en sus manos y por dictar leyes absurdas como la que dictó Adolfo Hitler decretando en nombre del nazismo el exterminio de los judíos en Alemania, o como la que promulgó Josif Stalin en nombre del comunismo, en Rusia, decretando que hasta pensar en contra de él era delito: Art. 12. “La intención de delinquir sin la realización del delito”.
Mas, es verdad de Perogrullo que los dictadores no actúan solos en su propósito enfermizo de perpetuarse en el poder, porque temen en el mañana (como le está ocurriendo a algunos exmandatarios corruptos centroamericanos) tener que rendir cuentas sobre los escandalosos latrocinios que cometen, y para eso el señor Ortega no ha escatimado esfuerzo alguno en buscar la complicidad del Ejército y de la Policía y de todas aquellas instituciones que se prosternan vergonzosamente ante su voluntad. En su afán de seguir mandando se ve que está dispuesto a comprometer a Raymundo y a todo el mundo, pues como nos dice Sófocles en su Edipo Rey : “La obstinación es otro nombre de la estupidez”.
Después de aprobar este adefesio jurídico el dictador haciendo uso de la Policía y del Ejército por medio del Sistema Nacional de Seguridad Soberana (SNSS) ya podrá proclamar, al igual que lo hizo el rey de Francia, Luis XIV, en 1660: “El Estado soy yo”. De acuerdo con ese proyecto de ley él podrá también, por sus pistolas, declarar enemigo al que “ponga en riesgo, amenaza y conflicto que pudiesen afectar —entre otras cosas— la vigencia de un orden justo y la estabilidad del Estado de Derecho”. Fíjense ustedes hasta donde llega el cinismo inaudito de los sandinistas orteguistas, que sin ningún rubor invocan el Estado de Derecho. ¿Acaso no han sido ellos quienes han violado, una y otra vez, la Constitución, lo que les ha permitido seguir usurpando ilegítimamente los poderes de la República?
Montesquieu nos dice que “no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”. Es lo que estamos viendo en Nicaragua, pero la pregunta es, después de este mamotreto de ley y de otras que vienen: ¿Somos los nicaragüenses ciudadanos o súbditos del anacrónico sistema de gobierno que quieren imponernos? “Ciudadano es el que está en posesión de los derechos que le permiten tomar parte en el gobierno de su país”. Mientras que “súbdito es el que está sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle”. Usted, mi querido lector, elija ser lo que mejor le parezca. Los demócratas pensamos más bien como decía el célebre tribuno, Marco Tulio Cicerón: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”. El autor es periodista y Secretario General de la Asociación de Nicaragüenses en el Extranjero (ANE).
Ver en la versión impresa las páginas: 13 A
